Incitación pública a delinquir

 

Víctor Alonzo Gutiérrez Flores

Increíble pero cierto, un Tribunal en la ciudad de Cochabamba “otorga” medidas sustitutivas a la detención domiciliaria a Marvell José María Leyes. Ese tipo de “decisiones judiciales” era lo último que faltaba para terminar por caracterizar a la corroída administración de justicia que tiene lugar en el país hace muchísimo tiempo, pero que en forma particular dicha situación se agrava aún más en el departamento de Cochabamba, dado que con este tipo de “decisiones judiciales” lo que se está haciendo es enviar un claro mensaje a todos los delincuentes que pululan por el país, a quienes de modo claro e inequívoco se les está incitando a que cometan sus delitos particularmente en territorio cochabambino, puesto que de ser “descubiertos” allá obtendrán la “benevolencia judicial”, toda vez que por lo observado hasta acá y viendo cómo a plena luz del día son inmediatamente puestos en libertad tanto José María Leyes como su secuaz Édgar Gainza; en consecuencia para los nuevos delincuentes su libertad está plenamente asegurada así como vemos, en virtud a que pareciera que en Cochabamba se concentra una buena mayoría de los jueces venales que a lo largo y ancho del país existen lamentablemente (dicho esto siempre de manera general, por cuanto estamos seguros que aunque pocos, sí existen también jueces que cumplen a cabalidad su labor, la pena es que son los menos).

Cuando un funcionario público es encausado por varios tipos penales que tienen que ver con corrupción sin límites, lo coherente y lógico es que los mismos sufran el mayor rigor que la ley prevé para esos casos, lo que equivale a decir que la conducta de un funcionario público que incurre en ilícitos penales vinculados a corrupción en general, es por tanto mucho más gravosa, y por consiguiente debe merecer y ser objeto de la mayor drasticidad en la aplicación de la ley en su contra por quienes están encargados de acuerdo con la ley a “administrar justicia” (jueces).

Pero, en el caso que nos ocupa, ocurre precisamente todo lo contrario, funcionarios públicos que le causan un enorme daño económico al Estado como es el caso de Leyes, y luego el otro funcionario (Gainza) sorprendido nada menos que en flagrancia, y resulta que ambos se benefician del derecho a defenderse en libertad. Mayor mensaje de que varios operadores de justicia en lugar de cooperar en la lucha contra la corrupción lo que hacen es obstruir este propósito, con lo cual queda demostrado y de modo muy elocuente que la administración de justicia está en un claro estado de descomposición.

Para tan sólo mostrar un ejemplo que corrobora la veracidad de nuestras afirmaciones, hagamos referencia al caso, por ejemplo, de la Dra. Isis LLápiz, profesional médico que en ningún momento debió ser objeto de una “decisión judicial” que le aplica “detención preventiva”, en lugar y de acuerdo con todos los antecedentes que se conocen públicamente de otorgársele el derecho a defenderse en libertad, que es lo que corresponde en todo caso, si realmente se tienen nociones precisas de justicia y libertad.

Seguramente estos aspectos que comentamos ya no tocan mucho la fibra de la sociedad, una sociedad como la nuestra casi acostumbrada al ejercicio y práctica del delito en forma constante y reiterada por parte de funcionarios públicos y políticos corruptos; a estos últimos y de acuerdo con la lectura del jefe de los Demócratas de Santa Cruz en lugar de llamarlos por su nombre, es decir, como verdaderos delincuentes, hoy día se los proclama y declara como “mártires de la democracia”. Semejante afirmación no se había visto nunca antes hasta que llegó el inefable Rubén Costas.

Esto que acabamos de graficar marca y con hierro candente el estado calamitoso de la administración de justicia en Bolivia, que así como vamos pareciera que ha de ser imposible de rescatar algún día, sobre todo si tenemos en cuenta que hay gobernadores que a los delincuentes los llaman “mártires”, así como tenemos jueces que les conceden libertad para defenderse de múltiples acusaciones indefendibles por donde se mire, si somos realmente objetivos. Pero así estamos. Lo único que falta es que mañana los Demócratas digan: “Viva la justicia boliviana”.