Caza de brujas en Brasil

Foto: Cambio

 

Agencias

“Ministro, ¿hay una caza de brujas por parte del Gobierno?”, preguntó una periodista del diario Correo Braziliense al jefe de gabinete de Jair Bolsonaro. El ministro Onix Lorenzoni respondió que “no”. Y luego agregó que el Presidente instruyó a sus funcionarios llevar adelante una “despetización” en las reparticiones públicas, para lo cual se pasará un “peine fino” que permitirá identificar a los empleados simpáticos al PT. Y una vez detectados serán despedidos: “Hay que limpiar la casa”.

El funcionario brindó un balance de las conclusiones de la primera reunión del mandatario y su gabinete en el Palacio de Planalto. Explicó que echando a petistas y otros empleados de izquierda “se dará un basta a las ideas socialistas y comunistas que durante 30 años nos llevaron a este caos, a la desestructuración del Estado, la inseguridad de las familias y de escuelas que en lugar de educar se dedicaron a adoctrinar”.

De allí se desprende que para el jefe del gabinete bolsonarista fueron comunistas o socialistas políticos, como el conservador José Sarney, presidente entre 1985 y 1990 luego de haber sido gobernador del estado de Maranhao indicado por la dictadura y Fernando Collor de Mello (1990-1992), el dirigente derechista que venció las elecciones de 1989 respaldado por empresarios y la cadena Globo para impedir la victoria de Lula. En este clima de estado de excepción que comienza a observarse en Brasilia, las autoridades del PT denunciaron la “invasión” de las oficinas de nueve parlamentarios de esa agrupación en las horas previas a la toma de posesión presidencial en el Palacio Legislativo.

El diputado Odair Cunha declaró que a caballo de una “histeria colectiva por más seguridad” un grupo de agentes ingresó a su despacho sin aviso previo y revisó sus papeles.

Conectado a la cacería de izquierdistas en las oficinas de los ministerios y el Congreso está el decreto presidencial sobre las nuevas atribuciones de la Secretaría de Gobierno.

Bolsonaro prometió que en caso de llegar al poder habría de expulsar a las entidades defensoras de los derechos humanos de origen extranjero. (Página 12)