Grupo de Lima

 

El viernes se reunió el Grupo de Lima, organismo en el que hasta este momento el Gobierno mexicano jugaba un rol determinante, en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El organismo está compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

El motivo de la reunión, y declaración posterior, era desconocer el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, gestión que comienza este jueves 10 de enero.

El comunicado del Grupo de Lima llama a desconocer la legitimidad del Ejecutivo venezolano, a negar cualquier ayuda financiera, e incluso insta a la Corte Penal Internacional a avanzar en las denuncias interpuestas contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, México decidió no firmar el comunicado del organismo amparándose en su tradición histórica de respeto al derecho de autodeterminación de los países y al principio de no injerencia en asuntos internos de cada nación, principios que cualquier país democrático debería poner por delante de cualquier otra consideración política.

De esta manera, el nuevo gobierno de López Obrador da una lección de que lo que cualquier Gobierno que quiera ayudar a resolver el conflicto que vive Venezuela debe priorizar es impulsar la paz y el diálogo, en vez de la guerra política, económica y mediática contra Venezuela.

Si de hablar de derechos humanos se trata, resulta hipócrita que el Grupo de Lima no haga ninguna observación sobre la salida del movimiento LGTBIQ de las políticas de promoción de los derechos humanos, o la persecución y expulsión de la administración pública de funcionarios por el “delito” de tener una ideología “comunista”; políticas que van contra los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadano.

Por no hablar de Colombia, donde —según el organismo de defensa de los derechos humanos Indepaz— 226 líderes sociales y defensores de los DDHH fueron asesinados entre enero y noviembre de 2018.

Es claro, por tanto, que la preocupación del Grupo de Lima no es defender los derechos humanos en los diferentes países de América Latina y el Caribe, sino atacar a la revolución bolivariana y chavista en Venezuela.

También es claro que lo que le sucede a Venezuela no estaría pasando si no tuviese las reservas de petróleo certificadas más grandes del mundo; a cuatro días de barco atravesando el mar Caribe, en vez de a un mes y medio de distancia que le toma a un buque carguero petrolero llegar desde Irak. Porque tampoco tenemos duda de que Irak, Libia o Siria fueron invadidos y bombardeados para exportar la democracia made in USA, la democracia donde el petróleo vale más que los derechos humanos.

El nuevo gobierno de López Obrador ha sido valiente defendiendo una postura diferente a la marcada por el Departamento de Estado de EEUU, el único país donde no hay golpes de Estado (porque no hay embajada estadounidense).

Es necesario que Bolivia y México estrechen lazos políticos (y también, por qué no, económicos, comerciales y culturales) en defensa de la integración regional, y para hacer de América Latina una zona de paz, y no de guerras.

 

El nuevo gobierno de López Obrador ha sido valiente defendiendo una postura diferente a la marcada por Estados Unidos.