El Gobierno promulga 65 normas sociales

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El presidente Evo Morales rubrica la Ley de Creación de Empresas Sociales.

 

Juan René Castellón Quisbert / Especial 13 años de Revolución

"La presente ley tiene como objeto establecer el marco jurídico para la constitución de empresas sociales, conforme al mandato del parágrafo III del artículo 54 de la Constitución Política del Estado”.

Así señala el artículo 1 de la Ley 1055, promulgada el 1 de mayo de 2018, que según el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, es la norma “más avanzada” en materia social. 

Su aprobación fue la culminación de una escalada de leyes, decretos y reglamentos emitidos en favor de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Esta norma permite a los trabajadores constituir empresas de carácter social en aquellas que tienen problemas para continuar sus actividades. 

“Se entiende por empresa social, aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es reactivar y reorganizar la empresa, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social”, apunta el artículo 2.

Cuando fue aprobada, el titular de Trabajo señaló que existen cinco compañías que podrían seguir ese camino y que ya existían experiencias exitosas de industrias en manos de los empleados, como Punto Blanco, que sigue operando en esas condiciones. 

El 9 de enero de este año, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 3771, que reglamenta la Ley de Creación de Empresas Sociales, en una clara muestra de su decisión de continuar con ésta pese a la oposición de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa ley. 

Del listado de las 65 normas, elaborado por el despacho de Trabajo, el segundo fue el Decreto Supremo 28699, promulgado el 1 de mayo de 2006, a pocos meses del inicio de la gestión presidencial del Jefe de Estado, el cual abrogó la libre contratación para consolidar los objetivos del Estado Social de Derecho. 

La liberación del trabajo fue uno de los pilares del modelo económico neoliberal, que estuvo vigente desde agosto de 1985 y que favorecía a la empresa privada en desmedro de los trabajadores. 

La primera norma en materia social del gobierno de Morales fue la Ley 3352, que garantizó el fuero sindical de los dirigentes. Con ambas disposiciones, Evo Morales mostraba su inclinación en favor de los asalariados.

Luego se sucedieron una serie de leyes, decretos y reglamentos en materia social. Se pueden citar el Decreto Supremo 29292, que crea el Consejo Interministerial para la Erradicación de la Servidumbre, el Trabajo Forzoso y Formas Análogas.

En 2007 se promulgó la Ley 3791, que establece la Renta Dignidad para los ancianos mayores de 60 años, que forma parte de la política económica social del Gobierno de redistribución de la riqueza.

Un año más tarde se aprobó el Decreto Supremo 29579 de creación de fuentes laborales para los jóvenes con el programa Mi Primer Empleo Digno, que se extendió a dos ministerios con soporte económico del Estado. 

Prohibición

El Decreto Supremo 521, del 26 de mayo de 2010, prohíbe toda forma de evasión a la norma laboral, sea mediante fraude o simulación.

Quinquenio

El pago obligatorio del quinquenio en el sector privado, a requerimiento del trabajador, fue establecido por el Decreto Supremo 522.

Descuentos

El Ejecutivo autorizó, con el Decreto Supremo 1108, descuentos por las huelgas en el sector de la salud pública y la seguridad social a corto plazo. 

Ediles pasan a la Ley General del Trabajo

La Ley 321 del 20 de diciembre de 2012  incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo a los asalariados permanentes, que desempeñan funciones en servicios manuales y técnicos operativo-administrativos de los gobiernos autónomos municipales de las capitales de departamento y de El Alto.