10 años de la nueva Constitución

 

Hace 10 años, la lucha organizada del pueblo y la posición firme del Gobierno hizo posible la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, a pesar del sabotaje y el boicot permanentes que la derecha desplegó contra la Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien muchas de las medidas transformadoras adoptadas por el Gobierno se aprobaron y ejecutaron antes de contar con este instrumento legal, como es el caso de la nacionalización del petróleo, la recuperación de empresas estatales y la puesta en marcha de mecanismos de distribución de la riqueza, es evidente que el Proceso de Cambio tenía desde el principio la necesidad política de contar con una nueva CPE.

En primer lugar, debido a que la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente quedó registrada en la Agenda de Octubre, escrita por la lucha social y política que los movimientos sociales emprendieron en su fase unificada a partir de la “guerra del agua” y que tuvo en la “guerra del gas” su punto de máxima expresión. Uno de los planteamientos que formaron parte de la estrategia y táctica de la resistencia y ofensiva contra el neoliberalismo era el desarrollo del proceso constituyente por la vida de una ANC. 

En segundo lugar, porque toda revolución necesita dotarse de un edificio institucional acorde a los valores, principios y objetivos del nuevo período histórico. Empezar a construir un orden estatal distinto a los más de 180 años de caricatura republicana exigía tener una Constitución Política del Estado que fuera, asimismo, el punto de partida de la promulgación de otras leyes que pusiera blindaje institucional al Proceso de Cambio y sintetizara el horizonte histórico.

Redactar, aprobar y promulgar la nueva CPE no ha sido fácil. La derecha recurrió a cualquier arma para evitar que la Asamblea Constituyente cumpliera con la misión encomendada. Usó la violencia para convulsionar el país, pero pudo más la fuerza de la convicción en la mayor parte del pueblo.

A partir de su promulgación nació el Estado Plurinacional, que no es más que la expresión del reconocimiento de la existencia de los pueblos y naciones originarias como sujetos de la historia. Hasta antes de la nueva CPE, lo indígena, indio u originario no existía más que como centro de una política estatal de exclusión y discriminación solapada.

Y Estado Plurinacional es propiedad del pueblo sobre los recursos naturales que son administrados por el Estado, distribución de la riqueza para terminar con la pobreza y la extrema pobreza en la perspectiva del Vivir Bien, protección de la Madre Tierra y la industrialización de los recursos naturales.

Contar con una nueva CPE también implicó desmontar los cimientos del poder capitalista-colonial y la dependencia de los factores externos de poder. El presidente Evo Morales recuperó la soberanía del Estado aun antes de que se promulgara la CPE, al echar del país al embajador de EEUU por intromisión en asuntos internos, pero con la llamada ley de leyes lo que se hizo es darle fuerza legal-institucional a la voluntad política.

La actual CPE posibilitó, sin duda, la ampliación de la democracia a niveles nunca antes vistos. El reconocimiento de “otras” democracias sin desconocer la democracia representativa es una prueba de la plena vigencia de la democracia y de la garantía de la participación social.

Seguro se encontrarán algunas contradicciones en la CPE o algunas normas que requieren ser actualizadas y profundizadas, pero no hay la menor duda: Bolivia cuenta con una de las Constituciones más profundas en la región.