Política y salud

 

La Constitución Política del Estado, norma suprema que recientemente cumplió 10 años de vigencia después de un inédito proceso de debate nacional y aprobación por el soberano, establece en su artículo 35 que “el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”.

Luego, en su artículo 36, la ley de leyes determina: “El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley”.

Entonces, queda claro que la salud es una cuestión de Estado y que el Sistema Único de Salud (SUS), además de ser la respuesta a una necesidad urgente, es un mandato constitucional.

Por eso llama la atención la posición contradictoria, por llamarlo de alguna manera, de la dirigencia de los médicos,  que rechaza la implementación de ese servicio con argucias (otro calificativo generoso) para dilatar su legislación.

Sobre todo cuando el financiamiento del servicio está garantizado y cuando los directos beneficiados son más de 5 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro de salud.

El ministerio del ramo ha garantizado con claridad y contundencia que las 1.200 prestaciones con las que arrancará el beneficio —en marzo— gozan de un financiamiento holgado y sostenible.

Si existieran dudas, basta con revisar la inversión que el Gobierno nacional ha realizado para atender ese derecho.

Por ejemplo, se puede recordar que se crearon 16.686 ítems de salud (a un promedio de 1.391 por año) para 3.231 establecimientos que prestan ese servicio. Sólo para el SUS, el Gobierno nacional ha comprometido una inversión de $us 200 millones, además de los $us 2.000 millones para la construcción de hospitales.

Esos $us 200 millones iniciales han sido calificados por el representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Fernando Leanes, como “suficientes” y “razonables”.
Lo que no parece razonable, en este contexto, es la actitud de una dirigencia médica que para oponerse a esa atención gratuita rompe la mesa de diálogo con una nota de tres hojas, cuyo contenido se resume a observaciones genéricas.

Y como si esa actitud de desprecio a la salud del pueblo fuera insuficiente, la población escucha por parte de los representantes de los galenos algunas arengas políticas, como el anuncio de que trabajarán políticamente para consensuar otra ley del SUS con candidatos de la oposición.

El SUS es una política de Estado que beneficiará a millones de bolivianas y bolivianos que necesitan una atención de salud gratuita, considerada y respetuosa.

La oposición a su materialización no sólo representa un atentado contra ese derecho, es, sin duda alguna, una acción obstinada que más temprano que tarde provocará la condena de pacientes que reclamarán a sus médicos el cumplimiento de su juramento hipocrático.

Los médicos deben hacer suyas las palabras de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que dijo: “Creemos que la enorme mayoría de los médicos, enfermeras y trabajadores en salud que están en el sistema están ahí porque creen en salvar vidas y van a tener el respaldo del Estado para trabajar”.

Por eso, urge que los profesionales en salud retornen a la mesa de diálogo para analizar, discutir y consensuar el SUS.