La larga noche neoliberal acabó con el aparato productivo

Infografía: Cambio

 

Fernando del Carpio Z.

Para los gobiernos neoliberales, 20 años (1985-2005) fueron suficientes para enajenar el aparato productivo nacional perteneciente al gobierno, a las corporaciones regionales de desarrollo, a las prefecturas y a las alcaldías.

Uno de los principales impulsores de ese nefasto período, en su condición de vicepresidente del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), fue Víctor Hugo Cárdenas, quien declaró el 12 de marzo que está orgulloso de haber participado en el proceso de capitalización de las empresas públicas.

Esa opinión fue inmediatamente rechazada, pero Cárdenas, candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), lejos de retractarse, endureció su posición.

El expresidente de la Comisión Mixta de Investigación de la Privatización y la Capitalización, senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli Ortiz, expresó que “Cárdenas debe ser uno de los pocos que se siente orgulloso de un proceso que perjudicó al país, estamos hablando en términos de enajenación y de capitalización de empresas públicas”.

Incluso Sánchez de Lozada (MNR) —según el senador orureño— reconoció que “en términos económicos la capitalización fue un fracaso”.
Fundamentó que no se aplicó en la capitalización la fórmula 1+1=2, de una empresa multiplicada dos veces. En el caso del Lloyd Aéreo Boliviano, el doble número de aeronaves y generar más empleo no se cumplió porque el LAB quebró y así también ocurrió con el resto de las firmas.

En el caso de la estatal del petróleo, Medinaceli dijo que se capitalizaron los fierros y los equipos, se les entregó los campos de explotación a valor cero, pues ninguna trasnacional pagó por la explotación de campos hidrocarburíferos.

Posteriormente se firmaron contratos de riesgo compartido para exploración y explotación, se estableció que los pozos nuevos pagarían solo el 18% en regalías y el resto para la empresa trasnacional, y en esas condiciones hicieron exploración. En tanto que “los pozos antiguos fueron entregados a valor cero, no se cobró”.

El expresidente Jaime Paz Zamora, mirista y actual candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), es otro de los gestores e impulsores del proceso de privatización en su gestión (1989-1993). Pero, a diferencia de Cárdenas, mantiene un prudente silencio sobre la etapa enajenadora.

Cárdenas y el LAB

En su condición de presidente en ejercicio, Cárdenas participó en la capitalización del LAB al firmar el decreto de adjudicación de acciones a favor de la empresa VASP, de Brasil.

“Es el peor caso de capitalización de empresas por el resultado, se perdió todo. La norma decía que se debería tener por lo menos dos proponentes, pero se decidió que aun con un postulante vaya adelante y que se desarrolle en dos fases”, explicó Medinaceli.

En la primera fase se convocaba a las empresas interesadas a presentar sus credenciales y los encargados de la capitalización seleccionaban las que podían continuar en el proceso, y en la segunda fase debían hacer sus ofertas económicas, pero una disposición determinó que la capitalización se lleve a cabo en una sola fase y las trasnacionales se comprometían a invertir en valor en libros.

“Depositaban en nombre de la empresa capitalizada, lo que era una trampa, se pagaban a sí mismos. En el caso del LAB no pagaron en efectivo, hicieron compromisos en especies, se dice que los cinco millones de dólares que pagaron lo volvieron a retirar (no se encontró documentación), se comprometieron a comprar dos aeronaves y alquilar dos, y no cumplieron. Duele a los bolivianos que empresas como el LAB hayan desaparecido”, afirmó.

Que los bolivianos sepan

La Comisión Mixta —manifestó el senador Medinaceli— no investigó para perseguir personas, “hemos investigado la enajenación de empresas públicas, cuántas tenía el país, cuántas dependían del gobierno nacional, de las corporaciones, de las prefecturas y de las alcaldías, contamos 212”. 

También se investigó qué métodos utilizaron para la enajenación, primero fue la privatización, después la capitalizaron, los procesos administrativos, las contrataciones, licitaciones, pliegos de condiciones, el proceso de adjudicación, con el fin de establecer el perjuicio que se pudo ocasionar al país con este proceso.

Es importante, según el legislador, que el país tenga un informe completo de lo que significó la privatización y capitalización, que los bolivianos sepamos qué ocurrió entre 1985 y 2005.

El informe se presentó el 17 enero de este año.

“Los bolivianos tenemos derecho a saber lo que ocurrió con nuestras empresas y eso hizo la Comisión, la Asamblea Legislativa nos encomendó elaborar proposiciones acusatorias que se las hará”, añadió Medinaceli.

Es importante que se sepa —manifestó— que la privatización fue el primer método que utilizaron los gobiernos neoliberales para enajenar las empresas públicas.

“La privatización fue eso, vender o cerrar, empezó Paz Zamora, continuó Sánchez de Lozada, Banzer, Tuto Quiroga hizo las últimas privatizaciones, era venta de empresas. La capitalización, en criterio de la comisión, fue una privatización enmascarada. Al final, toda la empresa estaba en manos de privados y era administrada por ellos”, añadió el legislador del MAS-IPSP.

Rifaron compañías a precio de gallina muerta y beneficiaron a las consultoras

En el proceso de enajenación —refiere el senador del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Rubén Medinaceli— se dieron casos más que anecdóticos, como el que ocurrió con un taller de cerámica de la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, en Sucre, que fue privatizado.

A la consultora contratada para que determine el valor de mercado del taller —que avaluó en 500 dólares y se vendió en $us 6.000— se le pagó $us 28 mil. “Ni siquiera con la venta de esta empresa se recuperó lo que se gastó en la consultora, ocurrió en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993)”, remarcó.

Medinaceli también califica como preocupante lo que pasó con la Empresa Metalúrgica Vinto, de Oruro, que se dividió en dos partes: la fundición de antimonio y la fundición de estaño.

La de estaño utiliza concentrados metálicos y acordaron que a la empresa que privatice le entregarían 500 toneladas métricas de concentrados (que en esa época se cotizaba en 1,2 millones de dólares), además tenía material fundido, lo cual alcanzaba a $us 10 millones, y el año de la privatización, Vinto gastó $us 5 millones en temas de medio ambiente, eran más de $us 16 millones, sin considerar lo que había en almacenes y activos, y la vendieron en $us 14 millones. “La regalaron y eso pasó en el gobierno del general Hugo Banzer (1997-2001)”.

Mientras que en el caso de la fundición de antimonio, a partir del informe del banco de inversión contratado, se abrió el sobre A antes que el sobre B, en el que estaba la oferta económica. Paribas, el banco de inversión, fijó como precio $us 100 mil (en esa época una casa en Oruro costaba ese monto) y la empresa que se adjudicó ofertó $us 1,2 millones, lo que refleja lo subvaluadas que estaban. (Paribas cobraba el 4% del monto en que se vendía la empresa).

Fanviplan, en La Paz, estaba en funcionamiento, pero tenía dificultades. El senador Medinaceli señala que “una cosa es vender una empresa en marcha y otra paralizada, por lo que apagaron el horno para venderla como activos, no como una fábrica en marcha, eso ocurrió en el gobierno de Paz Zamora”.