Análisis genético determinará si las piezas óseas son o no de Marcelo

Foto: Archivo
El líder del PS-1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, se encontraba en la mira porque inició un juicio de responsabilidades a la dictadura militar de Banzer.

 

Fernando del Carpio Z./Democracia Directa

Un laboratorio especializado de la Argentina efectuará, con la tecnología de este tiempo, un análisis genético de lo que quedan de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fueron entregados a la familia del líder socialista por monseñor Alejandro Mestre, en 1980.
El líder socialista fue asesinado hace casi 39 años por la dictadura de Luis García Meza en el asalto a las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), el 17 de julio de 1980, en El Prado paceño, cuando paramilitares utilizaron ambulancias para perpetrar sus crímenes.
Luis Fernando Rodríguez, sociólogo y secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, señaló que se coordina con la familia para enviar a Buenos Aires, la capital argentina, lo que queda de los restos que fueron entregados, por la autoridad religiosa, “en una cajita: cenizas y algunas piezas óseas”.
El objetivo —subrayó— es que hagan un análisis genético con la última tecnología. “Hace 20 años se hizo un análisis, pero la genética no había avanzado tanto como ahora, hay instituciones que tienen la especialidad de huesos, por ejemplo”, indicó. 
Este proceso —reiteró— se coordina con las autoridades de la Argentina, con el Instituto de Investigación Forense (IDIF), con la familia y con la Fiscalía. 
“El tiempo que demande el análisis depende del laboratorio. Eso en cuanto a la identificación de esas piezas óseas, ojalá con lo que queda podamos decir: era Marcelo o no era”, subrayó. 
En todo caso, indicó que esto no significa no seguir investigando sobre el proceso que determinó la desaparición de Marcelo, porque es necesario establecer “no solamente el hecho de que esté o no enterrado, sino cómo se produjo la desaparición de su cuerpo”. 
“Tenemos certezas hasta las 07.00 de la noche del 18 de julio, qué había pasado con el cuerpo de Marcelo; de ahí para adelante ya las cosas se complican porque sus restos fueron trasladados de un lugar a otro, raptan sus restos y a partir de ahí la cosa se complica”, resaltó.
Consultado sobre si Luis Arce Gómez, coronel del Ejército, ministro del Interior y uno de los cabecillas del cruento golpe, actualmente recluido en la cárcel de Chonchocoro, aportó con datos sobre este caso, Rodríguez respondió: “Tuvimos varias conversaciones, testimonios y filmaciones.
“En algunos sentidos nos ayuda y en otros no tanto porque no es una confesión, nos proporciona alguna información que ayuda a complementar las investigaciones que estamos haciendo”, afirmó. 

Caso Bedregal
En el asalto a la COB, además de Marcelo, también fue alevosamente herido por los paramilitares el dirigente Carlos Flores Bedregal. 
Para Rodríguez, el caso Bedregal es complejo, “aparentemente su cuerpo permaneció en la morgue por varios días y no fue reclamado”. Sus restos tampoco aparecen, podrían haber sido inhumados y se trata de localizarlos.

No impunidad
La dinámica de la comisión —explicó Rodríguez— no es precisamente la reconciliación como en otros países, “creemos que hay que tomar medidas contra la impunidad”.
“En otros países han hecho la ley del punto final, se hace el resarcimiento, se hace cumplir penas a los que generaron violaciones a los derechos humanos, no queremos eso ni que acabe la historia, creemos que hay que generar acciones que produzcan justicia”, apunto. 
Considera que a pesar del tiempo transcurrido “es preferible que la justicia llegue tarde a que no llegue nunca porque las heridas que generan no terminan en las víctimas, sino en sus entornos, tenemos hijos traumados por esa situación, después de 30 años, lo tienen presente y con mucha bronca porque no ha sido resuelto”.
“La gente que participó en la violación de los derechos humanos está en la calle como si no hubiera ocurrido nada. Mientras esos temas no sean resueltos, la herida seguirá abierta por eso creemos que el tema de la justicia y la lucha contra la impunidad es algo importante y estamos trabajando en esa línea”. 

Motivos de la reserva
La comisión no adelanta el trabajo de sus investigaciones y Rodríguez afirma que esa decisión “no es un capricho, es una decisión metodológica, porque los temas que hacen a la actividad de las dictaduras no solo abarcan las violaciones a los derechos humanos, sino que tienen connotaciones de orden económico que no afectan a las personas, sino al Estado”,
Mencionó que por ejemplo no todos los que presentaron sus documentos son víctimas, hay gente que trabajó en los organismos del Estado porque estaban infiltrados y “hay indicios, pero no queremos sacar por el daño que se hace si nos equivocamos, por eso la reserva, por eso no podemos sacar temas como estos porque queremos tener la certeza para incluir en el informe final”. 
También está el hecho de cómo se utilizaban los recursos que generaba el Estado en las diferentes dictaduras, cómo esos recursos estaban orientados por una política que no era del Estado boliviano. 
“Todo esto no podemos darlo por partes porque todo tiene relación, todas las partes se unen, y si abrimos algo probablemente nos perjudique en la otra faceta, por lo que no se dan informes periódicos del avance.  Sabemos que tiene sus complicaciones porque de cara a la opinión pública puede parecer que no estamos trabajando, pero en los hechos continuamos con el proceso de investigación en todas las áreas”, añadió.

“Documentos históricos se los cambió por papel higiénico”

La tarea de recuperar documentos de la época de la dictadura no resulta fácil, admitió Luis Fernando Rodríguez, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad. 
“Hablamos de un país que no tiene mucho afecto por guardarlos, que en muchos casos no existen, ya que documentos históricos se los cambió por papel higiénico, no es una metáfora, es real lo que estoy diciendo”, expresó. 
Rodríguez respondió en esos términos cuando se le preguntó sobre si tuvo acceso a los archivos de las gobernaciones y de las universidades públicas.
Calificó como una excepción lo que ocurrió con la Comibol, donde valiosos documentos fueron botados en un canchón que tenía la empresa estatal minera en la ciudad de El Alto, donde la tesonera labor del exlíder sindical y actual miembro de la comisión Édgar ‘Huracán’ Ramírez y un grupo de trabajadores posibilitó su recuperación. 
Todo lo encontrado fue organizado y sistematizado, y actualmente el Archivo Histórico de la Comibol tiene más de 150 mil documentos, esa acción ha merecido cuatro premios de la Unesco.
A diferencia de la empresa estatal minera, “otras instituciones no tenían dónde llevar (tantos documentos, papel) y lo cambiaron por papel higiénico”.
Los ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires (ASOFAMD), pusieron a disposición sus archivos y se espera que las Fuerzas Armadas también lo hagan.

La elaboración del informe final comenzará en agosto

La Comisión de la Verdad comenzará a elaborar su informe final en agosto para entregarlo en marzo o abril de 2020.  
“No queremos hacer un informe el último mes, tenemos el ánimo y la convicción de que será un buen informe, pero es justo reconocer que no está siendo fácil porque no hay la información suficiente”, señaló Luis Fernando Rodríguez, sociólogo y secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad.
Rodríguez afirmó que están en un trabajo de antropología forense en términos documentales, “a partir de un documento estamos generando toda la red de relaciones que implica ese documento”. 
En primer lugar —afirmó— no hay documentos que estén archivados o sistematizados; en segundo lugar, en muchos casos, las víctimas fallecieron, y en tercer lugar, “no tenemos el presupuesto suficiente, pero aquí hay la convicción de que hay una tarea que históricamente hay que hacer”.
El artículo 11 de la Ley 879 de la Comisión de la Verdad establece que deben presentar al término de su misión una “memoria histórica sobre condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en el marco de las cuales se dio lugar a la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana”.
También deben elaborar un informe final que contenga la “relación de los hechos de grave violación a los derechos humanos investigados por la comisión”, así como conclusiones y recomendaciones.
Además se generará una base de datos para que se hagan tesis e investigaciones que formarán parte de “la Casa de la Memoria que queremos instalar como parte del trabajo de la comisión, que sea una especie de museo vivo, no de bustos ni fotografías, sino donde aparezca este tipo de información que explicará el período de las dictaduras”.
La sistematización y digitalización de esta información estará expuesta y será de fácil acceso.

Contexto

-En las casi dos décadas de dictadura hubo 1.392 asesinados, 486 desaparecidos y 2.868 exiliados y confinados.
-Esos datos los hizo conocer el presidente Evo Morales en la posesión de los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad, el 21 de agosto de 2017.
-Asumieron Nila Heredia, Édgar Ramírez, Isabel Viscarra, Teodoro Barrientos, que están en funciones, mientras que Eusebio Gironda renunció meses después.
-Ese día, el presidente Morales les encomendó dar con el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los desaparecidos.
-El objetivo de la comisión es esclarecer los asesinatos, desapariciones, torturas, detenciones y agresiones sexuales. 
-La Comisión de la Verdad, de acuerdo con la Ley 879, que establece su creación, debía trabajar dos años, pero esa labor se prolongó seis meses, hasta los primeros meses de 2020.