Delitos contra la salud pública

 

Redacción central / Cambio - Edición Impresa ​

Lo público puede ser entendido como de interés común, de todas y todos, que concierne a la mayoría, que es de interés general. Un ejemplo de lo público es un parque donde pueden acceder las personas sin restricciones y su cuidado es un tema de interés colectivo.  
Por el contrario, lo privado se refiere a los intereses particulares. Lo que es privado no es para todos. La propiedad privada, por ejemplo, es aquel bien que le pertenece a una o un grupo de personas.

En ese sentido, la salud de la población puede ser considerada como de interés público ya que su estado/situación se constituye en un indicador de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo de un país.

La Constitución Política del Estado aprobada por el voto de los bolivianos establece la importancia del derecho a la salud y la seguridad social así como el bien más preciado: la vida.

“Todas las personas tienen el derecho a la salud”, indica el artículo 18 de la Ley de Leyes, mientras que el artículo 9 inciso 5 señala que son fines y funciones esenciales del Estado “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”.

Siendo la salud un tema de interés público, los actos cometidos por un grupo integrado por bolivianos y extranjeros dedicado a la falsificación/adulteración de medicamentos que se comercializan en el mercado nacional, no pueden sino considerarse como actos criminales. 

Según las investigaciones, este grupo delictivo traficaba desde hace unos cinco años los medicamentos adulterados y de dudosa procedencia. En algunos casos sustituía el contenido de los envases originales con maicena, harina u otras sustancias.

Entre los fármacos falsificados por la red se encuentran unos 100 tipos, entre antibióticos, analgésicos y otros artículos de uso hospitalario.
Hasta el momento ya son 10 las personas encarceladas y otras tres se encuentran con detención domiciliaria.

El Código Penal tipifica los delitos contra la salud pública y establece una pena de privación de libertad de 1 a 10 años para quien:
- “Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales…”. 

- “Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas”.

-“Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica”.
- “Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”.

 
Ese mismo Código sanciona la legitimación de ganancias ilícitas, es decir, la conversión o transferencia de bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de corrupción, contrabando y otros, con una pena de privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos.

El daño causado a la salud pública por el grupo delictivo dedicado a falsificar y adulterar medicamentos de uso general, fue condenado por el presidente Evo Morales, quien en un tuit en su cuenta @evoespueblo dijo que “la falsificación de medicamentos es un atentado criminal contra nuestro pueblo. La investigación de este delito debe seguir hasta dar con los responsables y aplicarles las sanciones más drásticas y ejemplarizadoras. Poner en riesgo la salud es atentar contra la vida”. 

La Policía detectó que la organización introdujo en el mercado nacional fármacos adulterados valuados en $us 400 mil.