Contradicciones en informe antidrogas

 

Sabino Mendoza Quispe

Como cada año, por estas fechas, Estados Unidos publica su informe de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos Policiales del Departamento de Estado. En él se hacen varias consideraciones sobre la lucha contra las drogas en la región, y por supuesto contiene varias referencias sesgadas en relación con Bolivia.

Algunos medios de comunicación y opositores se refirieron en diversas notas y declaraciones al contenido del informe, enfatizaron criterios negativos como que Bolivia es “el tercer mayor productor de coca y cocaína en el mundo”, que tiene “controles inadecuados sobre sus mercados” y “que incumple las convenciones internacionales”. Desde nuestro análisis, este documento no tiene validez por impreciso, contradictorio, ilegal e irrespetuoso, al igual que los informes similares de años anteriores.

Es impreciso porque habla de incumplimiento a los acuerdos internacionales sin sustentar puntos específicos. Es contradictorio e irrespetuoso porque se esfuerza en afirmar que Bolivia tiene 31 mil hectáreas de coca. En este punto no se dan a conocer las bases técnicas del informe del Departamento de Estado. Además de que pasa por alto, arbitrariamente o a propósito, el reporte de UNODC, único organismo internacional de las Naciones Unidas autorizado para el Monitoreo de Cultivos de Coca, que asegura una superficie de 24.500 hectáreas en Bolivia.

Pese a lo arbitrario de las cifras planteadas, la Secretaría de Estado reporta una reducción del 17% en la superficie de cultivos de coca en nuestro país, por lo tanto, afirma que tenemos menor potencial de producción de cocaína frente a Colombia y Perú.

El informe también es ilegal como instrumento de evaluación de nuestra política de lucha contra las drogas porque Estados Unidos no tiene autoridad ni potestad legal emergente de una normativa de organismo internacional.

Sin embargo, también en este documento, Estados Unidos reconoce y resalta aspectos de la política de lucha contra el narcotráfico de nuestro país; elementos que detallamos a continuación.

Primero, se reconoce que la Ley General de la Coca (Ley 906) proporciona un marco para la regulación de la producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural.

Asimismo, pondera la nueva Ley de Sustancias Controladas (Ley 913) como un instrumento que incluye tres mejoras sustantivas: pago de informantes, decomiso de activos del narcotráfico y escuchas telefónicas en las investigaciones relacionadas con sustancias controladas. Tres aspectos que se constituyen en fundamentales para el éxito del modelo boliviano.

También resalta que Bolivia sea el único país que cuenta con un registro biométrico obligatorio de todos los productores y vendedores de coca; existiendo regulaciones para el control de las rutas de transporte, los mercados y la investigación e industrialización de la coca.

Otro reconocimiento para Bolivia es la creación del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), un centro regional de fusión para el análisis de Inteligencia e intercambio de información con sede en Santa Cruz, con la participación, además, de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú.

De los aspectos valorados positivamente en el informe, podemos afirmar categóricamente que el Gobierno de Bolivia no fomenta ni facilita las actividades ilegales asociadas con el tráfico de drogas; que el balance para Bolivia es el más favorable de la región a pesar de no contar con el apoyo de Estados Unidos, y que, desde nuestra perspectiva, los aspectos negativos del informe son forzados, carecen de sustento técnico y responden a un posicionamiento político del país del norte.