El censo carcelario evidenció al menos 60 vulneraciones a DDHH

Los censadores hacen varias preguntas a los reclusos.
Foto: Ministerio de Justicia

 

Redacción central / Cambio - Edición Impresa ​

Durante los tres días que duró el censo carcelario en 53 recintos penitenciarios del país, los 1.507 censadores comprobaron al menos 60 vulneraciones a los derechos humanos de los reclusos; por ello, el Gobierno trabajará de  inmediato en la protección y restitución de sus garantías.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que los resultados del empadronamiento serán tabulados en un plazo de dos meses y que se publicarán como una herramienta pública para colaborar a las reformas penal y de justicia, aunque preliminarmente fueron identificados 60 casos de “terrible violación a los derechos humanos” de los privados de libertad, que serán atendidos con prontitud.

Algunos casos 

En la cárcel de San Pedro de La Paz se comprobó la reclusión de un adulto mayor (73) cuya sentencia es de 10 años, sin embargo ya sobrepasó ese tiempo porque no se contabilizó la detención domiciliaria.

Otra persona condenada a cuatro años de prisión por hurto está seis meses demás.

“En San Pedro también está un ciego de 76 años; ello es algo inhumano e inaceptable”, manifestó.

En la prisión valluna de San Sebastián para varones, se conoció el caso de un reo sentenciado por hurto que no recibe ningún tratamiento para controlar sus problemas de esquizofrenia.

“Lo más grave se detectó en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz), ya que hay situaciones que preocupan mucho”, aseveró.

Una persona está detenida preventivamente seis años y ocho meses por robo, aunque la sanción es de cinco años.

“Otro que robó una botella de licor fue sentenciado a un año y seis meses de prisión, pero al superar ese tiempo hasta ahora no puede recobrar la libertad o perdón judicial”, explicó.

Un ciudadano que estuvo recluido por robo debió recuperar su libertad el 12 de marzo, pero aún permanece encerrado.

Ya pasaron seis meses desde que un recluso sentenciado a 10 años de cárcel por robo agravado cumplió su condena, sin embargo sigue encerrado.

“Un detenido preventivo de Palmasola cuenta con un mandamiento de libertad desde 2015, pero la asesora del gobernador de esa cárcel dispuso, sin conocer las razones, que no se ejecute. Desde hace cuatro años está indebidamente encarcelado. La gente está encerrada más tiempo del debido por falta de recursos y porque las autoridades no tienen voluntad para que vuelvan a ser libres”, señaló.

En la cárcel de Mocoví (Trinidad), un recluso tiene discapacidad auditiva y de habla, y aun así convive con otros siete presos que lo abusan de manera constante y él no puede explicar su situación.

También se evidenció que presos indígenas y campesinos, como en el caso de Riberalta (Beni), no pueden dar a conocer a las autoridades su situación penal.

“Incluso hay uno que al día tiene hasta ocho ataques de epilepsia, pero no hay quién lo pueda ayudar y sigue encarcelado. Los más de 60 casos serán atendidos a la brevedad mientras se realiza el cruce de los datos obtenidos para restituir y proteger su condición de seres humanos”, manifestó.

Excepciones

 A pesar de que el Gobierno quiere subsanar estas vulneraciones, hay casos excepcionales, como los de violencia sexual contra niños y adolescentes. Estas situaciones se excluyen pese a la edad o la salud. No hay beneficios por la gravedad de los delitos.

Población penal

En San Pedro se contabilizó a 4.153 presos, en Santa Cruz a 6.739, en Cochabamba a 2.775, en Beni a 1.068, en Pando a 377, en Tarija 1.129, en Chuquisaca 745, en Potosí 845, y en Oruro 983, lo que hace un total de 18.814 privados de libertad.