La investigación del pago de sobornos deja rastros de sangre

Foto: AFP
El exgober-nante es resguardado por equipos de seguridad.

 

Sputnik y agencias

El 17 de abril, Perú amaneció con la noticia del suicidio de quien fuera dos veces presidente, Alan García (1980-1985 y 2006-2011). El exmandatario decidió quitarse la vida antes de ser detenido por integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, que estaban en la puerta de su domicilio cumpliendo una orden judicial de detención preventiva por 10 días.
El equipo fiscal que investigaba en Perú las derivaciones de la operación Lava Jato había ordenado la detención preventiva de García por presuntos pagos irregulares en la construcción del Metro de Lima y por supuestos aportes de la constructora a su campaña para las elecciones de 2006.
La muerte de García se sumaba así a las de otras cuatro personas —tres en Colombia y una en Brasil—, casi todas figuras clave de las investigaciones que se desarrollan en sus países sobre el esquema de corrupción de Odebrecht.
“acusaciones del fin del mundo” 
El magistrado brasileño Teori Zavascki tenía 68 años cuando el helicóptero en el que viajaba junto a otras tres personas se desplomó en el océano, cerca de la localidad de Paraty, en el sudeste de Brasil, lo que causó la muerte de los cuatro.
Era 20 de enero de 2017, y Zavascki, como encargado de supervisar las investigaciones que realizaba la justicia de su país ante el caso de corrupción de la estatal Petrobras, se preparaba a decidir si reconocía como evidencia los testimonios de unos 80 ejecutivos de Odebrecht, empresa con la que la petrolera brasileña había realizado varios contratos.
Los testimonios eran conocidos como las “acusaciones del fin del mundo”, por la cantidad y jerarquía de las personas que, se presumía, estaban involucradas en el caso, entre ellas el entonces presidente Michel Temer.
Desde el principio hubo rumores sobre un posible atentado, y el hijo del juez, Francisco Zavascki, llegó a decir que su padre pudo haber sido asesinado para atrasar las investigaciones.
Tras dos años de investigaciones, la Fiscalía archivó el caso el pasado mes de enero asegurando que no había indicios de homicidio y que se trató de un accidente causado por la fuerte lluvia que caía en Paraty cuando la avioneta intentaba aterrizar.

Otro suicidio
El del peruano García no fue el primer suicidio de un implicado en el caso Odebrecht que se llevó sus secretos a la tumba.
En diciembre de 2018, Rafael Merchán, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia y excónsul de este país en Londres, quien serviría como testigo en el caso de sobornos de Odebrecht, se suicidó en su apartamento en Bogotá.
Unos días antes un juez había admitido a Merchán como testigo en la investigación contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura.
Andrade es investigado a raíz de la adición del contrato de concesión de la obra Ruta del Sol II, un entramado de carreteras, en la que participó Odebrecht junto con su socia local, la firma Corficolombiana. El exfuncionario sostuvo que no recibió sobornos de la multinacional, pero reconoció que sí la había beneficiado para que le fuera adjudicada la adición del contrato y que se reunió con directivos de la firma implicados en los sobornos.
El testimonio de Merchán era importante para la defensa de Andrade en el caso de Odebrecht, que habría pagado unos 29 millones de dólares en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura, según datos de la Fiscalía.
En un comunicado, la familia de Merchán indicó que el suicidio fue por motivos personales, sin mencionar a Odebrecht.
Menos de dos meses antes del suicidio de Merchán, otras dos muertes vinculadas a Odebrecht sacudieron a Colombia.
El 8 de noviembre de 2018, Jorge Enrique Pizano, ex supervisor especial de la concesión Ruta del Sol II, testigo clave en la investigación, murió de un infarto.
Pizano, quien había sido diagnosticado con un cáncer linfático y no tenía según sus médicos muchas expectativas de vida, fue encontrado desmayado en su hogar en Bogotá y murió camino al hospital.
El diagnóstico fue paro cardíaco fulminante, y el cuerpo de Jorge Pizano fue cremado.
Tres días después, su hijo Alejandro Pizano, que había regresado de España para asistir al funeral del padre, bebió agua saborizada de una botella que estaba en el escritorio de su padre y falleció por envenenamiento con cianuro.
Tras la muerte de Jorge Pizano, el informativo de televisión Noticias Uno publicó unas grabaciones que el hombre había realizado en 2015 y que había entregado a periodistas con el encargo de que solo se divulgaran tras su muerte o si lograba convertirse en testigo protegido en EEUU. Mientras se desempeñó como supervisor especial de la carretera, Pizano recopiló documentos, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones que indicaban que Odebrecht había pagado sobornos para ganar la licitación del proyecto.
En los audios entregados a Noticias Uno se escucha supuestamente a Pizano informando de sus sospechas de sobornos al actual fiscal general Néstor Humberto Martínez, por entonces asesor jurídico de Corficolombiana, la socia local de Odebrecht.
Martínez no tomó ninguna medida entonces, y tras la muerte de Pizano declaró que no recibió pruebas del fallecido supervisor.
Tras una serie de errores de los forenses, que dependen de la Fiscalía, la investigación de la muerte de Alejandro Pizano fue archivada y considerada accidental por el juez.
La mayor constructora de Brasil reconoció en ese entonces ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de la mayoría de los países latinoamericanos para obtener la adjudicación de distintos proyectos de infraestructura.