Siete gobiernos destruyeron el aparato productivo de Bolivia

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización

 

Gonzalo Pérez Bejar

Las políticas de ajuste estructural que se implementaron en Bolivia durante 20 años destruyeron la capacidad productiva del país, hecho considerado como una de las “páginas más negativas” de la historia, según la caracterización del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, quien afirmó que con estas políticas económicas se desmanteló la estructura del Estado.
“Es un período muy negativo para la historia del país, hicieron creer al pueblo boliviano que el modelo neoliberal brindaría mejores condiciones de vida, pero el efecto fue totalmente contrario, nos llevó a la pobreza, y como dice Carlos de Mesa, no tenía ni para pagar salarios”, sostuvo.
Ese fue —dijo— el resultado de toda esa política de ajuste económico, de privatización y capitalización, como la denominaron. “Dejarnos en la miseria absoluta, ese fue el resultado, por eso el pueblo de Bolivia se alzó de a poco y puso fin a este robo injustificado que practicaban los gobernantes de turno”.
En el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización se menciona que entre 1933 y 1998 se crearon 21 empresas públicas, de las cuales 78 estaban bajo dependencia del gobierno nacional o de los ministerios, 92 de las corporaciones regionales de desarrollo, 17 de las prefecturas y 25 de las alcaldías municipales.
Cárdenas aseguró que hubo intereses creados en los actores de esos gobiernos neoliberales que querían apropiarse de las empresas y por eso no les interesaba e incluso pagaron para realizar todo el estudio normativo y técnico para aplicar la privatización y capitalización.
gobiernos enajenadores
Todas las empresas estatales fueron sometidas al proceso de enajenación por los gobiernos que se instalaron en el poder desde 1985 hasta 2005.
En el informe legislativo sobre la privatización y capitalización se desglosan las actuaciones de los siete gobiernos que se sucedieron desde 1985.
En la gestión gubernamental de Víctor Paz y Julio Garret (MNR-ADN, 1985-1989) se efectuaron estudios para evaluar la viabilidad de la privatización en el marco del Convenio AID 511/0577 Proyecto de Transición Industrial, que firmaron el gobierno de Bolivia y Usaid-Bolivia, el 25 de junio de 1987, y creó la Comisión de Transición Industrial (Comtrain), que empezó a funcionar a fines de ese año con la asistencia técnica del Center for Privatization de EEUU, contratado por recomendación de la agencia estadounidense.
En esta gestión comenzó la enajenación de Comibol con el cierre de minas y el despido de trabajadores.
El gobierno de Jaime Paz y Luis Ossio (MIR-ADN, 1989-1993) privatizó las empresas públicas de un modo más agresivo. El 17 de septiembre de 1990, promulgó la Ley 1182 de Inversiones, que daba amplias facilidades y garantías a la inversión extranjera en el país, eliminó las restricciones para el ingreso y salida de capitales.
“El 14 de junio de 1991, aprobó el DS 22836, que establecía la venta de empresas públicas, particularmente las pertenecientes a las Cordes. Luego, el 24 de abril de 1992, promulgó la Ley 1330 de Privatización, que autorizó la enajenación de empresas públicas” (1), refiere el informe.
Para garantizar este proceso, el 30 de enero de 1992 se firmó el Proyecto de Transición Industrial entre el entonces ministro de Planeamiento y Coordinación Samuel Doria Medina y el director de Usaid-Bolivia Carl H. Leonard.
El informe legislativo también revela que este proceso contaba con el apoyo de Usaid, el financiamiento del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que prestaron recursos financieros con la condición de que el Estado salga de la esfera productiva y transfiera sus empresas al sector privado.
En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (MNR-UCS-MBL, 1993-1997) se enajenó el mayor número de firmas públicas, para lo cual se aplicaron distintos métodos y modalidades: privatización (venta de empresas, venta de activos, venta de paquetes accionarios, concesión, entrega de recursos naturales mediante contratos de arrendamiento y contratos de riesgo compartido), capitalización y cierre.
El FMI y el BM apoyaron este proceso con mayores préstamos financieros y deuda externa.
La gestión de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (ADN-MIR-UCS-Condepa, 1997-2001) enajenó compañías públicas en cumplimiento de la Ley 1330 de Privatización, que tuvo al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión como responsable de su ejecución.
Banzer y Quiroga privatizaron los componentes restantes de YPFB, además de otras empresas públicas pertenecientes al gobierno, a las Cordes y a una Alcaldía. Además, promulgó normas que consolidaron el funcionamiento del sistema financiero bajo dominio privado con la Ley 1834 del Mercado de Valores (31/03/1998) y la Ley 1883 de Seguros (25/06/1998).
Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) llegó a la presidencia de la República por sucesión constitucional, luego de la renuncia de Hugo Banzer, el 7 de agosto de 2001. 
Durante la segunda gestión de Sánchez de Lozada, con Carlos  de Mesa como vicepresidente (2002-2003) se puso de manifiesto el fracaso de la capitalización y el TGN carecía de recursos financieros.
Para enfrentar esa situación, el Gobierno pretendió achicar el déficit fiscal del 8,5% (2002) al 5% (2003) mediante el recorte de gastos estatales del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en 10%; cero incremento en el presupuesto para las universidades, congeló los salarios durante 2003 y creó impuestos a los salarios, desde 4,2% hasta 12,1%; medidas que provocaron el enfrentamiento entre efectivos de la Policía y del Ejército en el llamado Febrero Negro (12 y 13 de febrero 2003), que provocó la muerte de 33 personas y decenas de heridos.
“Sumado a ello, las empresas petroleras que tomaron el control de las unidades de exploración y explotación de hidrocarburos de YPFB pretendían exportar el gas natural al mercado de California (EEUU), vía Chile, a precios irrisorios: $us 0,70 el millar de pies cúbicos, de los que solo el 18% correspondería al Estado boliviano ($us 0,12) y el resto (82%) a las empresas transnacionales que tenían la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo” (2).
Este hecho generó una protesta social que se inició en la ciudad de El Alto y los vecinos expresaron su descontento en octubre de 2003, medida que culminó con la muerte de 67 personas, 400 heridos y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos de sus ministros a Estados Unidos.
El gobierno de Carlos de Mesa (2003-2005) carecía de recursos financieros para atender las necesidades básicas de la administración pública, al punto de no contar con fondos suficientes para pagar salarios y aguinaldos, se resistió a afectar a las empresas transnacionales y se negó a cumplir la decisión del pueblo, que en referendo (18 de julio de 2004) instruyó la recuperación de los recursos naturales. En su gobierno se transfirieron a título gratuito los bienes de la Empresa Municipal de Transporte (EMTA).
Notas
(1) Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización.
(2) Ibid.