MAS-IPSP delineó política de Estado para luchar contra la corrupción

Infografía: Cambio

 

Gonzalo Pérez Bejar 

El gobierno del Movimiento Al Socialismo-Instrumento  Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) delineó una política estatal para enfrentar a la corrupción desde el inicio de su gestión, en 2006.

La exministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y exembajadora de Bolivia ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza) Nardy Suxo apuntó que a partir del liderazgo de Evo Morales se encaró por primera vez y con mucha seriedad el  trabajo de una política pública de lucha contra la corrupción.

“Hicimos la política de lucha contra la corrupción y lo hicimos en 17 talleres a escala nacional, los que contaron con la participación de la sociedad civil, al igual que con representantes de entidades públicas”, manifestó.

Mencionó que fue un mandato del presidente Evo Morales que se circunscribía en cero tolerancia a la corrupción. 

“Nosotros empezamos a trabajar en elementos básicos fundamentales para encarar esta labor que afectaba la institucionalidad”, sostuvo.

Suxo fue la primera autoridad de esa cartera de Estado, creada el 8 de febrero de 2009 con el objetivo de luchar contra un mal social que se había instaurado en distintos niveles, pero fundamentalmente en el ámbito del Órgano Judicial y la Policía, donde la población tenía muchos problemas.

“Estas instituciones eran las más cuestionadas y por ello emprendimos la creación de una política pública en la que estuvieron incluidas las autoridades judiciales y de la Policía. Todos trabajamos en la perspectiva de contar con un instrumento que permita un trabajo transparente”, afirmó.

La exautoridad mencionó que por pedido de la sociedad civil se implementó un nuevo instrumento dentro de las actividades de la estructura pública. La primera fue la rendición pública de cuentas, que permitió que las instituciones, fundamentalmente de la administración estatal, brinden un informe a la sociedad civil.

“Es por primera vez que los ministerios y las entidades públicas e incluso las privadas empiezan a rendir cuentas absolutamente a todo nivel. Eso llamó la atención de los organismos internacionales”, afirmó.

Este avance en transparentar las actividades públicas pone en la vitrina a cualquier entidad estatal.

Otra de  las medidas que se asumieron para el efecto fue la preparación y concientización de la ciudadanía acerca de todo lo que debe hacer el ciudadano para denunciar un hecho de corrupción.

El objetivo era que la población cuente con herramientas que le permitan presentar sus casos y estos sean recepcionados para ser valorados adecuadamente por las autoridades competentes.

“Lo que nosotros hacíamos con los casos era presentarlos en el Ministerio Público, entidad que se encargaba de investigar la documentación acreditada que nosotros presentábamos”, señaló.

Un elemento importante que mencionó está relacionado con  la recuperación de bienes del Estado, que en muchos de los casos suman miles de dólares (no dio el monto) que fueron aprovechados de manera individual o grupal.

“Logramos una recuperación muy importante (no dio monto) que por supuesto luego fue inmediatamente depositado en el Banco Central de Bolivia y creo que es por primera vez que se hace una recuperación de bienes del Estado”, afirmó.

Un cuarto instrumento que fue de vital importancia son las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos.

El objetivo —dijo— es conocer el movimiento de sus ingresos, por eso se incluye a los familiares en la verificación respectiva.

Todo este andamiaje se encuentra validado después de la implementación de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, que responde a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción y la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción.

Según Suxo, es una ley muy dura, pero que sin duda alguna coadyuvó para que no se cometan hechos de corrupción.

 

CASOS EMBLEMÁTICOS
Fueron varios casos emblemáticos en los cuales militantes del MAS-IPSP fueron a parar a la cárcel por haberse encontrado indicios de corrupción.

Uno de esos casos es el que involucró al expresidente de YPFB Santos Ramírez, condenado a 12 años de presidio por corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de una planta separadora de líquidos que debía ser construida en Río Grande, Santa Cruz.

“La persona que estaba involucrada amenazó, amedrentó y puso en riesgo la vida de mis hijos. Fue muy duro y complicado”, recordó Suxo.

En la lista que involucra a exautoridades del MAS-IPSP estuvo el denominado caso Fondioc, en el que las exministras Julia Ramos y Nemesia Achacollo (con detención domiciliaria) estuvieron detenidas preventivamente por haber causado un daño económico al Estado por Bs 71 millones.

También el exdiputado Irineo Condori fue sometido a la justicia luego de evidenciarse que incurrió en delitos de corrupción por solicitar dinero para la adjudicación de obras.

El reciente hecho fue la captura del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, por denuncias de corrupción y graves irrregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Con esa norma se siguieron procesos judiciales por enriquecimiento ilícito a exprefectos, como Manfred Reyes Villa, condenado a cinco años (huyó a EEUU); Mario Cossío (pidió refugió en Paraguay), condenado a seis años por igual delito, y el exgobernador Ernesto Suárez, quien goza de libertad después de ser detenido por el caso de la supuesta legitimación de ganancias ilícitas. 
 

 

Los casos

Caso Catler
El principal involucrado es el expresidente de YPFB Santos Ramírez, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de una planta separadora de líquidos. (2009)

Caso Sipsa
Están involucrados el exsuperintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa, el exasesor de esa repartición Leonardo Chiquie y el exviceministro de Desarrollo Energético Misael Jemio. (2009)

Caso exprefecto de Oruro
Luego de siete años de proceso penal que inició el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el exprefecto del departamento de Oruro Luis Alberto Aguilar Calle fue condenado a seis años y 10 meses de reclusión por los delitos de incumplimiento de deberes.

Fondioc
El caso del Fondo Indígena provocó al Estado un daño de al menos $us 1,02 millones por 1.100 proyectos que no se concretaron. Estuvieron detenidas las exministras Julia Ramos y Nemesia Achacollo. (2014)

Barcazas
En 2016, dos militares y tres civiles afrontaron procesos por el caso de barcazas chinas y daño económico al Estado. 

Ejército

En 2015 se cerró la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE). Debía hacerse cargo de obras de infraestructura consideradas estratégicas. Entre 2012 y 2015 recibió anticipos por trabajos que nunca fueron ejecutados. Al anunciarse la disolución de la ECE, la pérdida superaba los Bs 60 millones. Un oficial se encuentra encarcelado por este hecho, acusado, entre otros delitos, de enriquecimiento ilícito.

Banco Unión
El desfalco de Bs 37.690.000 al Banco Unión. Juan Pari, el autor, está en  la cárcel. Hay 18 personas involucradas.

Caso Dircabi
En junio de 2017 se conoció que el 70% de 22.914 bienes confiscados al narcotráfico, que estaba valuado en 140 millones de dólares, se extravió. 

Taladros
La licitación de tres taladros valuados en $us 148,8 millones derivó en la acusación de 15 funcionarios y la destitución de Guillermo Achá como presidente de YPFB. (marzo de 2017)

Agencia Estatal de Vivienda
El exdiputado por el MAS-IPSP Irineo Condori fue detenido preventivamente por estar involucrado en hechos de corrupción. Él solicitaba montos de dinero de 50 mil y 200 mil bolivianos por la adjudicación de obras en Chuquisaca. (marzo 2019)

Alcalde de Achacachi
Édgar Ramos, sindicado por actos sospechosos de corrupción en los procesos de contratación de tres obras realizadas en las gestiones 2016 y 2017, fue imputado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación. (mayo 2019)

 

Viceministro: gobierno generó institucionalidad para enfrentar la corrupción 

El viceministro de Justicia y Transparencia Institucional, Diego Jiménez, aseguró que el actual Gobierno creó toda una estructura para enfrentar la corrupción.

“Hoy tenemos toda una institucionalidad desplegada en el Estado, tenemos normas y política pública, a diferencia del pasado, cuando había un encubrimiento generalizado y la clase política, en su conjunto, defenestraba al Estado, a tal punto de hacerlo inviable en el tiempo. En la actualidad, nuestro gobierno sigue la política de cero tolerancia a la corrupción y es caiga quien caiga”, declaró la autoridad a Bolivia TV.

Jiménez aseguró que cualquier denuncia sobre un hecho de corrupción es independiente del color político y mencionó que en casos en los que estuvieron involucrados militantes del MAS-IPSP se actuó de igual manera.

En ese sentido hizo referencia a los últimos casos en los cuales estuvo involucrado un militante del partido en función de gobierno, como el exalcalde de Uyuni Patricio Mendoza por presuntos hechos de corrupción relacionados con la compra de los lotes de terreno. 

De igual manera, mencionó una denuncia penal contra un concejal y un funcionario municipal de Riberalta por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas. 

 

José maría leyes y las mochilas chinas

Con la aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el alcalde del municipio de Cochabamba, José María Leyes, se encuentra con detención preventiva por el supuesto caso de corrupción en la adjudicación de 92 mil mochilas chinas.

Según la investigación, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba realizó un proceso de contratación de bienes y servicios recurrente, bajo exclusiva responsabilidad del alcalde José María Leyes, quien autorizó de forma excepcional y a través de resolución ejecutiva la adquisición, con la que se favoreció a los empresarios que se adjudicaron la provisión de mochilas.

Alcalde de oruro
El exalcalde de Oruro, Édgar Bazán, también fue investigado por la compra irregular de 40 mil mochilas de China con un presunto daño económico de Bs 2 millones, por lo que fue enviado a la cárcel. Luego logró que la autoridad jurisdiccional le otorgue la detención domiciliaria.