Goni contrató consulto ras por $US 17,3 millones

Infografía: Cambio

 

Gonzalo Pérez Bejar

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se contrataron consultoras extranjeras para que realicen asesorías y estudios con el fin de determinar el valor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para así encaminar las estrategias de transferencia de capital.

Por ello se adquirieron dos créditos por $us 17,3 millones para realizar dichas asesorías y financiar los estudios técnicos de la capitalización.

La autoridad que contrató las empresas extranjeras para realizar asesorías fue el entonces ministro de Capitalización, Alfonso Revollo Thenier.

Para costear la asistencia técnica del proceso de capitalización se aprobó el Convenio de Crédito 2647-BO con el BM-AIF, mediante Ley 1607 (22/12/1994) por la suma de $us 10.500.000,00.

Luego se aprobó el Convenio de Crédito 2762-BO, a través de la Ley 1666 (30/10/1995), por la suma de $us 6.800.000, destinados a financiar el proyecto de Reforma Regulatoria y Asistencia Técnica a la Capitalización, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las consultoras que lograron los contratos fueron: Salomon Brothers Inc., de Nueva York, EEUU; Arthur D. Little International Inc., de Cambridge, Massachusetts, EEUU; Muse, Stancil & Co., con sede en Dallas, Texas, EEUU; Levin SA, de Argentina; Dames & More Inc., Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, de Houston, Texas, EEUU; KPMG Peat Marwick LLP, con sede en Amstelveen, Países Bajos; Degolyer & MacNaughton, de Dallas, Texas, EEUU, y Coopers & Lybrand Harteneck López y Cia.

Además, el informe legislativo refiere que el Banco de Inversión cobró un honorario equivalente a $us 2,5 millones, monto pagado por las empresas adjudicatarias: Empresa Petrolera Andina SAM (Epan SAM), Empresa Petrolera Chaco SAN (Epcha SAM) y Transportadora Boliviana de Hidrocarburos SAM (TBH SAM).

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada optó por fraccionar YPFB y someter al proceso de capitalización solamente las unidades de exploración, explotación y transporte. Las otras unidades de industrialización y comercialización fueron privatizadas en la gestión de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002).

“De esta manera, los nuevos socios se constituían en propietarios del 50% de los paquetes accionarios y tomaban la administración y el control de las empresas SAM, designando a cuatro de los siete directores en las nuevas empresas. El otro 50% correspondía a las acciones estatales administradas por las AFP (49%) y los extrabajadores de YPFB (1%)”, refiere el informe legislativo (1).

Con ese propósito, el 4 de agosto de 1997, Sánchez de Lozada, mediante DS 24806, aprobó los modelos de contrato de riesgo compartido para áreas de explotación y exploración de hidrocarburos por licitación pública, y determinó que las empresas beneficiadas con tales contratos adquirirían la propiedad y disposición de los hidrocarburos producidos en “boca de pozo”.

En el marco de la Ley 1689 de Hidrocarburos (30 de abril de 1996), se quitó al Estado y a YPFB la posibilidad de controlar el precio y destino de la producción hidrocarburífera en el territorio nacional.

“El total de contratos de riesgo compartido firmados en el período neoliberal fue de 107, ninguno de los cuales contó con autorización congresal, vulnerando el artículo 59, numeral 5, de la CPE (Constitución Política del Estado)” (2).

IRREGULARIDADES
“En la constitución de Epan SAM y Epcha SAM, el Estado aportó el valor en libros del patrimonio (activos fijos); sin embargo, pese a contar con la certificación y valoración de reservas, estas no fueron parte de la constitución de las nuevas empresas, pero sí fueron utilizadas en el proceso de negociación con los postulantes preseleccionados, ya que la industria petrolera no se valora solamente por los fierros con los que cuenta, sino principalmente por las reservas de gas y petróleo que pueden ser explotadas” (3).

Notas
(1) Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización.
(2) Ídem.
(3) Ídem.

 

Despidieron y acabaron con los campamentos

El proceso de capitalización, que se ejecutó entre 1985 y 2005, fue despiadado para los trabajadores, en especial para los petroleros, que tuvieron que soportar humillaciones y vejámenes por parte de los empresarios de las transnacionales que se apropiaron de YPFB.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz y trabajador petrolero, Rolando Borda, recordó que en esos años lo primero que hicieron los extranjeros fue ordenar la desaparición de los sindicatos.

“Los trabajadores hemos sido golpeados porque nos quitaron muchas de nuestras reivindicaciones. Llegaron al extremo de decirnos que solo nos asegurarían si decidíamos desafiliarnos del sindicato”, rememoró.

Refirió que les ofrecieron un sueldo y medio, además del finiquito, para que se vayan.

El otro mecanismo que utilizaron era hacerlos viajar desde los campamentos hasta Santa Cruz para entregarles sus memorandos de despido.

“En ese tiempo mucha gente tuvo que vender hasta su garrafa de gas para poder viajar”, dijo.

Mencionó que varios campamentos, entre ellos el más importante ubicado en el municipio de Camiri, fueron desmantelados. Y que de los 9.500 trabajadores que había en la empresa estatal, en el proceso de capitalización solo quedaron 500 en todo el país.
 

Se entregó a privadas información privilegiada

El diputado por el MAS-IPSP Ignacio Soruco Grandchant dijo que la capitalización fue un gran perjuicio porque el Estado boliviano no pudo recibir la renta proveniente de los hidrocarburos, por entregarse información privilegiada.

“Era información estratégica del Estado, intangible, no cuantificable en su valor porque son reservas probables y estructuras de megacampos”, apuntó.

En su criterio, el daño económico al Estado fue de aproximadamente $us 35.000 millones durante todo el período de la denominada capitalización.

Señaló que para la entrega de YPFB no se tomó en cuenta el valor real de la totalidad de los activos de la empresa.

Además que los gestores de este proceso subvaluaron las unidades de exploración, explotación y transporte, pero no consignaron la totalidad de los activos de estas unidades ni cuantificaron su valor intangible (potencialidad, perspectivas, crecimiento y oportunidad de mercado).

Soruco también dijo que las transnacionales provocaron un alto daño ambiental.