Encuentran manual oficial de Estados Unidos que promueve la tortura y la desaparición

Foto: Archivo
Uniformados custodian a detenidos.

 

Eliana Gilet - Edición impresa

El grupo de investigación que halló este documento oficial del Estado uruguayo comprobó previamente la existencia de organismos dedicados al seguimiento y espionaje a ciudadanos en los años que siguieron al fin del régimen cívico-militar uruguayo (1973-1985), en los que una democracia débil intentaba consolidarse.

Ahora comprobó que ya bajo esa democracia, los órganos de inteligencia también recibieron la instrucción del Gobierno de EEUU en prácticas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, pero que justifican dentro de la “excepción” de la lucha antiterrorista.

MÉTODO 
Esos mismos métodos que —según denuncias— se aplicaron como herramientas de guerra contra Afganistán e Irak, se intentaron inculcar a fines de los años 90 en América Latina, como demuestra el hallazgo de este documento oficial en el que está implicado el Estado uruguayo.

El equipo investigador, dirigido por el periodista Samuel Blixen, comprobó que además del instructivo existió un curso presencial de una semana, para el cual se trasladó a altos funcionarios de Gobierno uruguayo a EEUU.

Blixen publicó en el semanario montevideano Brecha el relato de una fuente civil del Ministerio de Defensa que acudió a uno de ellos en 2009, por lo que esta cooperación estuvo activa durante —por lo menos— esos 13 años. Según el reportaje firmado por Blixen en la edición del 26 de abril de Brecha, hay un documento dentro de los archivos militares uruguayos que es un manual elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este “explícitamente autoriza la tortura, la desaparición forzada y la desaparición repentina” para combatir actos terroristas. En el texto hallado se menciona también la existencia de un “curso para personal de alto nivel gubernamental”, destinado a altos funcionarios civiles como parte del Programa de Asistencia Antiterrorista del Gobierno de EEUU.

“Nosotros nos planteamos si es posible que esto fuera una mala traducción al español, y no existe ninguna posibilidad de que haya una confusión al hacer la traducción, porque no se corresponde ninguna palabra para decir ‘libertad de torturar’”, explicó el periodista Samuel Blixen a Sputnik.

Según la transcripción del documento que se publicó en el semanario Brecha, el manual elaborado por el Gobierno norteamericano dice en el apartado titulado Filosofía de Derechos Humanos que “está pensado para aplicarse en una situación de control de crisis”, según describe el medio uruguayo que tuvo acceso al documento.

Dentro del archivo hallado por el equipo de Blixen, se encuentra en la página tres de la sección uno referencias a la “libertad de tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante”, “libertad de detención prolongada sin presentación de cargos criminales”, “libertad de desaparición repentina debido a raptos o detenciones clandestinas por el Estado” y “libertad de denegación de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona”.

Recortar la ayuda 
Lo paradójico, señaló Blixen a Sputnik, es que en esa misma sección en que se da vía libre para el crimen gravísimo, se recuerda que existe el Foreign Assistance Act (en inglés, ley de asistencia al extranjero), una norma del Gobierno norteamericano que recorta la ayuda a los Gobiernos que violen los derechos humanos de su población.

“Lo que avala la afirmación es que, muy al estilo norteamericano, se menciona la norma y después se dice que ‘en situaciones de crisis’ hay libertad de esto y de lo otro, y que coincide con lo que hicieron en Afganistán e Irak. La realidad te dice que esas atrocidades fueron ejecutadas y aparentemente están en curso”, apuntó el investigador.

A pesar de la gravedad de estas revelaciones, no hubo repercusión significativa en la clase política uruguaya, dijo el periodista. Explicó que aún no pudieron encontrar ningún otro registro oficial sobre el convenio bajo el que se realizó este acuerdo de cooperación, pero no dudan de su autenticidad.

El documento fue hallado como parte de la investigación en los archivos de inteligencia militar a los que accedió el periodista y su equipo, que desde hace meses lanzaron una web de trabajo colaborativo para avanzar en su digitalización.

Señaló su preocupación ante la falta de capacidad de control civil o siquiera conocimiento de las tareas de inteligencia, tanto militar como policial, que se llevan a cabo en Uruguay. El caso más reciente en este sentido fue la revelación de la existencia de un Centro Nacional de Coordinación contra el Terrorismo dentro del Gobierno uruguayo, del que se supo públicamente cuando un militar, el general Alfredo Erramún, fue designado como su titular en febrero de 2019.

Sin embargo, el decreto 180 de 2017 que creó este centro y que contiene “directivas para la lucha antiterrorista” en Uruguay es de carácter reservado, aunque sea una norma que incluye mecanismos operativos. “Lo que los archivos revelaron es que toda la actividad del terrorismo de Estado en Uruguay fue una actividad de inteligencia y que esta jugó un papel central en la represión. No fue dar la orden y golpear, detrás de cada acto había producción de inteligencia, eso está ahora meridianamente conocido, pero el poder civil mira para el costado”, concluyó.

Cabe recordar que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dedicada al reclamo por esclarecer crímenes de la dictadura militar en Uruguay, consideró que hubo responsabilidad del gobierno de Tabaré Vázquez en no advertir que dos militares retirados habían confesado crímenes ante un Tribunal de Honor del Ejército en 2018.

En diálogo con Sputnik, Óscar Urtasun, portavoz de la organización, valoró la decisión del presidente Tabaré Vázquez de destituir al ministro de Defensa Jorge Menéndez, su viceministro Daniel Montiel, al comandante en jefe del Ejército José González y a su jefe del Estado Mayor, Alfredo Erramún, y a otros cuatro generales del Ejército. 

Todos los militares destituidos por Vázquez habían integrado el Tribunal de Honor que en 2018, según consignó recientemente una investigación periodística, no derivó a la Justicia civil las confesiones de los exmilitares José ‘Nino’ Gavazzo y Jorge ‘Pajarito’ Silveira sobre la muerte por torturas y posterior desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro, un preso político de la dictadura uruguaya.

La participación del Gobierno uruguayo en el caso fue cuestionada, pues la resolución de ese Tribunal de Honor fue homologada en una resolución firmada por el propio presidente Vázquez.

Que la presidencia uruguaya no hubiera advertido el contenido del expediente se explica porque “se ha rodeado de gente incapaz, a la que si no le dan la orden de que ‘traiga tal cosa’, no soluciona nada por sí misma”. Es una elección que hace Tabaré Vázquez”, por lo que “es responsabilidad” del Presidente, dijo.

 

PRESIDENTE DESTITUYÓ A TODA LA CÚPULA DE DEFENSA

Recientemente el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó a la plana mayor del Ministerio de Defensa, al comandante en jefe del Ejército y a dos generales que integraron un tribunal de honor que juzgó las conductas de militares convictos por crímenes de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Vázquez relevó al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a tres generales que conformaron un tribunal de honor que en septiembre del año pasado juzgaron la conducta de los militares José ‘Nino’ Gavazzo y Jorge ‘Pajarito’ Silveira, convictos por decenas de crímenes, informó el portal Subrayado. Entre los generales del tribunal de honor destituidos se encuentra el comandante en jefe del Ejército, José González, quien fue nombrado en ese cargo hace apenas 13 días, tras la destitución del anterior jefe de la fuerza de tierra, Guido Manini.

El tribunal de honor, cuyos fallos fueron homologados aunque con observaciones por el Poder Ejecutivo, no halló en los crímenes cometidos por Gavazzo y Silveira ningún motivo de deshonor. El 30 de marzo, El Observador aseguró que Gavazzo reconoció al tribunal de honor que hizo desaparecer el cuerpo del militante izquierdista Roberto Gomensoro, asesinado en torturas en un cuartel militar en 1973, arrojándolo al embalse de una represa en el centro del país.

Silveira dijo que también fue responsable de otros crímenes.