Un operador político en problemas

 

El lunes 23 de abril de 2018, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, salió en defensa de su correligionario José María Leyes, a quien calificó de “gran mártir del 21F”. Tiempo después, la justicia confirmó que hubo corrupción y encarceló a Leyes por el caso Mochilas. Ahora sucede algo similar ya que el partido de Samuel Doria Medina, Unidad Nacional, salió en defensa del diputado Amílcar Barral, acusado de extorsionar a reclusos de la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Sin embargo, el caso de Barral es un poco más complejo pues tiene al menos dos antecedentes oscuros que incluso derivaron en su suspensión como diputado por espacio de 10 meses.

En el primer caso, referido al exalcalde cochabambino José María Leyes, pese a las pruebas en su contra y a las confesiones de su propio entorno edil, para Rubén Costas “José María es, sin duda, el gran mártir político del 21F”, manifestó, según el reporte de Erbol del 23-4-2018.

Pero la realidad contradijo al gobernador de Santa Cruz dado que las investigaciones de los tribunales judiciales encontraron pruebas de que Leyes tuvo que ver con la corrupción del caso Mochilas II, que consiste en la adjudicación arreglada para la provisión de mochilas, lo que comprometió Bs 11,1 millones de dinero público. La exautoridad edil fue recluida en la cárcel de San Antonio, en Cochabamba. 

En el segundo caso, de Amílcar Barral, la situación es como sigue: el martes 4-6-2019, a las 14.00, a denuncia del Director Departamental de Régimen Penitenciario, la Policía acudió a la cárcel de San Pedro, sección Posta, donde se denunció un caso de extorsión al recluso Édgar Patana (exalcalde alteño), quien entregó al reo Kevin M.M. un sobre que contenía Bs 6.500. 

Tras ello, el interno Kevin M.M. se contactó vía teléfono presuntamente con Amílcar Barral y le avisó que ese dinero sería entregado a una tercera persona (Henry M.). Este último fue a recoger un sobre por encargo de Barral, según los reportes policiales. 

Tras efectuar esa acción, se dirigió al edificio Mariscal Ballivián, oficina de Barral, y procedió a entregar dicho sobre. 

Fue en ese instante que efectivos policiales, que hicieron el seguimiento, procedieron a aprehender a Barral. 

“El diputado Amílcar Barral fue aprehendido en flagrancia cuando recibía de su asistente un sobre manila con dinero, que supuestamente es producto de las extorsiones que se hacían dentro de la cárcel de San Pedro”, informó el jefe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), Pablo Blanco.    

La Policía evidenció llamadas telefónicas del celular del recluso Kevin M.M. con un número de celular registrado a nombre del diputado Barral y secuestró dos celulares, un folder con el logotipo de la Cámara de Diputados, el sobre y el dinero entregado por Patana. 

Barral fue puesto a disposición de la justicia y la Fiscalía lo imputó por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio y extorsión en grado de autoría. 

Pero este escándalo que embarra a Barral no es el único puesto que en 2015 la Cámara de Diputados dictaminó una suspensión de 10 meses sin goce de haberes debido a que el asambleísta realizó cobros irregulares a dos funcionarios de la bancada de Unidad Demócrata.

Este año, el abogado Humberto Rodríguez denunció que Barral incumplió una sentencia ejecutoriada que dispone el pago de una deuda de $us 7.000 dólares, más intereses, a favor de Hernán M.

Pese a estos antecedentes, Unidad Nacional, el partido de Samuel Doria Medina, salió en defensa del legislador y proclamó su inocencia.

Esta postura de UN no debería causar sorpresa pues solo trata de defender a su operador político (y cercano a la Alcaldesa de El Alto). 
 

Pese a los antecedentes, Unidad Nacional, el partido de Samuel Doria Medina, salió en defensa de Barral y proclamó su inocencia.