El pueblo derrotó al neoliberalismo en las calles

Foto: elmordaz.blog
Toda la población salió en defensa de los recursos naturales, como en la Guerra del Agua, en Cochabamba, en 2000.

 

Gonzalo Pérez Bejar

Huelgas de hambre, marchas y enfrentamientos fueron los métodos de lucha que utilizaron los trabajadores, quienes, junto a estudiantes universitarios y el pueblo, se enfrentaron a una política que tenía como único objetivo descargar todo el peso de la crisis del capitalismo sobre las espaldas de los bolivianos.

Esa fue la respuesta al modelo neoliberal que en muchos episodios cobró la vida de cientos de seres humanos.

Pero esa lucha tuvo su resultado cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, la expresión más elevada del entreguismo y gestor de una política que hizo gemir de hambre a los bolivianos y bolivianas, huyó a Estados Unidos, hecho que coronó la derrota del neoliberalismo.

Para el asambleísta departamental Gustavo Torrico (MAS-IPSP), la batalla no culminó solo con la recuperación de la democracia de la “bota militar”, en 1978, sino que se tuvo que combatir en otro escenario, como fue la “guerrilla económica criminal” que soportó el entonces gobierno de Hernán Siles Zuazo, con el ocultamiento de alimentos y divisas.

“Luego de la traición de Jaime Paz aparece el salvador: Víctor Paz Estenssoro, con él se inicia el período neoliberal y el título de ‘Bolivia se nos muere’. Nos empujaron al 21060, desregularon la Ley del Trabajo, se vaciaron las empresas, se desocupó a la gente, se cerraron las minas, se echó a los mineros a la calle y el producto de ello es el Chapare y el mercado informal”, sostuvo.

Las políticas que se implementaron fueron una especie de “esclavitud asalariada”, ya que el obrero debía trabajar 12 horas sin beneficios, y si reclamaba “era echado a la calle”. “O tener la oportunidad de trabajar una semana en una fábrica sin beneficios sociales”, señaló.

El extrabajador petrolero y actual diputado por el MAS-IPSP Henry Cabrera manifestó que la privatización permitió que las empresas de los bolivianos pasen a manos de las transnacionales.

En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se rompió la cadena productiva de los hidrocarburos, propiedad de los bolivianos, y las empresas capitalizadoras no invirtieron un solo boliviano para su fortalecimiento.

El extrabajador minero y diputado por el MAS-IPSP David Ramos señaló que el proceso de privatización y capitalización fue la línea de un modelo ajeno a la realidad boliviana.

El informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional cifró en más de $us 20.000 millones la pérdida que sufrió el Estado boliviano por esa política de enajenación de los recursos naturales.

Ramos cuestionó la conducta de algunos políticos, de quienes dijo “se lavan la boca” cuando elogian todo el proceso de capitalización y privatización.

“El pueblo tiene memoria y no se olvidará de quienes hoy aparecen en la palestra política, como Carlos de Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Óscar Ortiz, quienes pretenden mostrarse como figuras políticas nuevas cuando estuvieron vinculados, ya sea en la época del banzerismo de las dictaduras o las épocas del movimientismo”, afirmó.

La resistencia

Las luchas sociales, que se efectuaron entre 1985 y 2005, contra la enajenación de empresas públicas y los recursos naturales, fueron parte de la resistencia social contra el modelo neoliberal.

Entre 1985 y 1999, las luchas tuvieron características distintas a las que ocurrieron entre 2000 y 2005. En general, los primeros 15 años fueron un período que se caracterizó por la derrota de las luchas sociales, aunque hubo repuntes temporales de esas luchas que lograron ciertos efectos sobre la política de enajenación de las empresas y los bienes públicos.

“El primer período (1985-1999) de derrotas fue una continuación de las derrotas del movimiento obrero durante la experiencia frustrante de la UDP”. (1)

En este contexto, la nueva política económica neoliberal, contenida en el Decreto Supremo 21060 (29/08/1985), logró imponerse y dio inicio a los programas de ajuste estructural, con el apoyo y bajo el condicionamiento externo, lo cual reconfiguró radicalmente la relación de las clases sociales en Bolivia e impulsó la protesta de los trabajadores bajo el liderazgo de la Central Obrera Boliviana (COB), batalla que es derrotada mediante la activación de mecanismos coercitivos (bloqueo con tanques y aviones de guerra que sobrevolaban los marchistas), en Calamarca, La Paz.

El informe legislativo refiere que a finales de 1986 se registró la disminución de aproximadamente 19 mil trabajadores: de los 27 mil que Comibol tenía en 1985 quedaron 8.000, que años después también serían despedidos.   

Alrededor de 1991 y 1992 hubo un repunte temporal de las luchas sociales que impidió la entrega del salar de Uyuni a la empresa transnacional Lithco Company, con la que en 1992 el gobierno de Jaime Paz firmó un contrato, pero que a causa de la oposición social, principalmente de la región y del departamento de Potosí, quedó sin efecto.

A ello se suma la Ley 1330 de Privatización (24 de abril de 1993) en el gobierno de Jaime Paz Zamora. “Se veían atisbos de una nueva época. Con la Guerra del Agua en Cochabamba, en abril de 2000, que revirtió la concesión del proyecto Misicuni y el servicio de agua potable en la ciudad de Cochabamba, se abre un período de luchas sociales victoriosas contra la enajenación de los recursos naturales” (2).

En febrero de 2003, estalló un enfrentamiento entre policías y militares, causado por un impuesto directo al salario que el gobierno de Sánchez de Lozada pretendía aplicar a los empleados públicos y privados. Febrero Negro, como se conoce a este enfrentamiento, puso de manifiesto que el Estado estaba en una fase avanzada de crisis orgánica: los propios organismos de represión del Estado se enfrentaban militantemente en la plaza Murillo, de La Paz, y los policías no escuchaban las órdenes superiores.

El poder neoliberal fue tan ciego que intentó exportar gas por Chile, lo cual provocó el conflicto de octubre de 2003, denominado ‘guerra del gas’, que terminó con la renuncia y huida del presidente Sánchez de Lozada. Asimismo, el “cerco” en la ciudad de Sucre, en junio de 2005, derivó en la renuncia de su asesor, Carlos de Mesa, quien desoyó la demanda nacional para recuperar los hidrocarburos.

Estos hechos marcan el fin del período neoliberal y dan paso a otro en el que las victorias sociales por la recuperación de los recursos naturales y la reconstrucción del aparato productivo estatal son imparables.

Notas: (1) Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización.
(2) Ibid.