Gobierno no permitirá infiltración del narcotráfico en la justicia

Mayerling C. M. junto a presuntos miembros del clan Candia Castedo, luego de ser detenidos.
Foto: Archivo

 

Redacción central / Cambio - Edición impresa
El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró ayer que no se permitirá ninguna infiltración del narcotráfico en la administración de justicia, por lo que destacó la determinación del Consejo de la Magistratura de revocar a dos vocales de Beni por favorecer a presuntos traficantes de drogas.

En pasadas horas se desplazó a Trinidad (Beni) un equipo jurídico para continuar con las acciones legales contra Mayerling C. M. y sus hijos Joice y Jhonsy D. C., imputados por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

De igual manera, se impulsará un proceso contra los vocales del Tribunal de Justicia de dicha región, Juan Carlos Candia Saavedra y Jerónimo Manu, debido a que pretendieron absolver a los sindicados de narcotráfico.

“No vamos a permitir la presencia de ninguna infiltración del narcotráfico en la administración de justicia”, aseveró.

Operadores en la mira 
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que hay avances importantes en las investigaciones respecto a los delitos cometidos por el clan Candia Castedo.

En este sentido, la autoridad dijo que no se permitirá que algunos malos operadores de justicia perjudiquen los esfuerzos que hace el Gobierno para desbaratar organizaciones criminales asociadas al delito del narcotráfico. 

Clan Candia Castedo
El clan Candia Castedo está relacionado en el tráfico internacional de drogas en la ruta Bolivia-Paraguay-Brasil. En ese marco, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico secuestró —en operativos realizados en la ciudad de Trinidad— tres avionetas, siete inmuebles y un hangar que pertenecen a esta asociación delictiva internacional.

Con la nacionalización de la lucha antidrogas, el Gobierno lleva adelante un férreo combate al narcotráfico; por ejemplo, mediante procesos por legitimación de ganancias ilícitas para quitar recursos a personas vinculadas a este ilícito y transferirlos al Estado.