Frentes plantean endurecer la normativa para defender integridad de las mujeres

Fuente: Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y Embajada de Suecia

 

Gonzalo Pérez Bejar/Bolivia Decide

Endurecer la normativa para proteger la integridad de las mujeres víctimas de violencia y acabar con los feminicidios es lo que proponen las nueve organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 20 de octubre.

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio Público, hasta el 12 de julio se registraron 73 casos de feminicidio: La Paz 25 casos, Cochabamba 15, Santa Cruz 10, Oruro siete, Beni cuatro, Tarija cuatro, Potosí cuatro, Pando dos y Chuquisaca dos.

En respuesta a estos hechos de violencia, el Gobierno planteó la vigencia de un decálogo que incluye acciones concretas para enfrentar este problema social.

Entre ellos está establecer pactos para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana se destine a la lucha contra la violencia hacia  la mujer y prevenir la violencia desde el sistema educativo, con la participación de madres, padres de familia y maestros.

También plantea eliminar la impunidad, con el apoyo de la Policía y la Fiscalía, para acelerar el acceso a la justicia; promover desde la familia una cultura con valores y corresponsabilidad, y enfrentar la violencia desde todas las instancias del Gobierno.

Establecer un pacto para comunicar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la niñez para avanzar en la construcción de la cultura de la no violencia, y otro acuerdo con las gobernaciones y municipios con el fin de fortalecer los servicios a mujeres y niños que sufren violencia.

También se decide efectivizar un pacto con las empresas privadas para combatir la violencia y generar un clima empresarial libre de violencia, y convenir un acuerdo con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra la violencia.
 

Propuestas
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a través de su candidato a la vicepresidencia, Fernando Untoja, propuso la cadena perpetua contra quienes incurran en el delito de feminicidio.

“Para ello, primero tenemos que reformular la Constitución Política del Estado, que es una parte fundamental de nuestra propuesta para castigar a quienes incurran en delitos de feminicidio”, dijo.

Señaló que esa misma pena está dirigida para los violadores y corruptos. Todo ello debe estar sustentado con la educación desde primaria, apuntó.

A su vez, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, dijo que su frente plantea mejorar las redes de atención de los casos relacionados con la violencia intrafamiliar con el objetivo de evitar que más mujeres sean asesinadas.
“Se debe poner en ejecución la especialización de los operadores de justicia para que brinden una adecuada cobertura y protección de las víctimas de violencia”, sostuvo.

La candidata a diputada plurinominal por el MAS-IPSP Bertha Acarapi señaló que su tarea será fiscalizar un adecuado cumplimiento de la normativa, y para ello será imperioso que se cumpla el decálogo fijado por el Ejecutivo para mejorar y fortalecer la lucha contra los feminicidios.

“Vamos a ser celosas vigilantes de la ejecución de los recursos del IDH destinados a la seguridad ciudadana”.

El candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, ratificó su propuesta de entregar armas de fuego a las mujeres para que se defiendan de una posible agresión.

“Conversé con centenares de mujeres que salen temprano de su casa y retornan tarde, ellas ¿cómo se protegen de una agresión? ¿Con sus zapatos o su cartera? Tiene que ser con algo efectivo y contundente. Esa mujer para defenderse lo hará con un arma y así lo planteamos”, dijo.
Édgar Ramos, candidato a diputado plurinominal por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), dijo que su organización política plantea la revolución judicial referida a casos de feminicidios con el objetivo de que los responsables sean juzgados por la propia sociedad. “Que sea en la organización territorial, como junta de vecinos, que se administre el proceso y ejecute la sanción”.

Dijo que será una manera efectiva de frenar los asesinatos de las mujeres.

Por otra parte, apuntó la necesidad de empoderar a la mujer para que se libere de la dependencia económica, que es otra forma de opresión y agresión. Además de involucrar a la familia en el conocimiento de la Ley 348 como medida preventiva para evitar los casos de feminicidio.

Wilma Magne, candidata a diputada plurinominal por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), dijo que una de las tareas que realizará, en caso de ser elegida, será profundizar las tareas de prevención contra la violencia a la mujer y una adecuada implementación y aplicación de la normativa.

“Exigir que los operadores de justicia cumplan su trabajo y no disfracen la norma para confundir a la población e incumplan lo que dice la ley para que los verdaderos autores de delitos de feminicidio queden impunes”, enfatizó.

Por su parte, el candidato a primer senador por la alianza Bolivia Dice No (21F), Tomás Monasterio, dijo que su partido propone que la sanción por delito de feminicidio sea más dura.

“Planteamos tolerancia cero al abusador, al igual que contra la persona que quiera violentar a una mujer. Además, creemos necesaria la campaña preventiva que debe ser ejecutada desde los niveles del Estado”, señaló.

Unas 1.970 mujeres compiten para ser electas en los comicios de octubre

Las nueve organizaciones políticas que están en carrera electoral inscribieron a 1.970 mujeres entre candidatas titulares y suplentes para participar en las elecciones generales del 20 de octubre, revelan datos de la Coordinadora de la Mujer, Idea Internacional y la Embajada de Suecia, que conforman la iniciativa #Protagonistas. Paridad-Poder-Juventudes.

En total, las siete organizaciones políticas y las dos alianzas anotaron 2.668 candidatos, de los cuales 1.327 corresponden a mujeres (49,7%) y 1.341 a hombres (50,3%), lo que muestra que, en términos generales, se alcanzó la paridad, pero con una ligera desventaja para las damas.

Con relación a los suplentes, se alcanzó un total de 1.322 postulantes, 643 (48,6%) para mujeres y 679 (51,4%) para hombres.

Como se puede advertir, la relación entre titulares y suplentes es inversamente proporcional, de acuerdo con la condición de titularidad; superior en el caso de las mujeres para cargos titulares, lo cual es notable, y ligeramente mayor en el caso de los hombres para los cargos de suplencia, apunta el informe.

La ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, destacó el cumplimiento de la normativa en cuanto a la equidad de género y alternancia que se planteó para las próximas elecciones.

“Hay que celebrar que los partidos políticos han cumplido a cabalidad la normativa vigente sobre la paridad”, dijo.

Según Novillo, hay una relativa renovación en la edad de los candidatos. Mencionó que en las elecciones generales de 2014 se presentaron 1.474 postulaciones. En aquella oportunidad, un 12% de los candidatos tenía entre 18 y 28 años. 

Para las elecciones de octubre, las organizaciones políticas inscribieron 2.668 candidaturas, de las cuales un 13% se encuentra en ese mismo rango de edad.

Novillo dijo que del total de candidaturas el rango de edad de los postulantes oscila entre 18 y 87 años.

“En los extremos están 18 jóvenes de entre 18 y 19 años (titulares y suplentes), 50 personas adultas mayores de entre 70 y 79 años (titulares y suplentes) y seis personas octogenarias de entre 80 y 87 años (titulares y suplentes). Una mujer de 87 años es la candidata más longeva de las listas generales; le sigue un hombre de 81 años. Los más jóvenes (mujer y hombre) tienen 18 años”, refiere el informe.

El promedio de edad de los candidatos inscritos es de 42,8 años, ligeramente superior respecto a las elecciones nacionales de 2014, que era de 42,2.

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MNR
Proponemos que los mejores hombres y mujeres administren el Estado y que los ciudadanos se constituyan en los actores dinámicos en la relación de rivalidad y capitalismo administrando su propiedad.

Otro de los graves problemas que azota a Bolivia es el aumento acelerado de los casos de violaciones a niñas, adolescentes y mujeres, sin que el Estado Plurinacional demuestre una lucha efectiva en contra de este mal, por ello nuestro plan de gobierno —no solo como medida de prevención, sino sobre todo como una forma de castigo a estos hechos tan dolorosos para las familias— propone abrir el debate acerca de la pena de muerte.

PDC
Violencia doméstica e intrafamiliar. La violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer ha recibido especial atención, actualmente se cuenta con programas nacionales, normas y protocolos, redes de atención y recursos humanos capacitados en el tema. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha enfrentado limitaciones, tales como los serios problemas de acceso a la justicia que experimentan las víctimas, la escasa cobertura de protección que se les ofrece, la falta de patrocinio jurídico gratuito y los limitados servicios especializados con asesoramiento psicológico, médico y legal, entre otros.

Lucha contra el acoso político hacia las mujeres. Impulsar la adopción de normas, programas y medidas en todos los ámbitos desde un enfoque transformador; generar evidencia empírica; alentar a partidos políticos y medios de comunicación para actuar frente a este problema. La violencia política contra las mujeres está vinculada al aumento de la participación política de las mujeres en los cargos de representación política. Se reconoce que el logro de la paridad política en la democracia requiere de un abordaje integral, que además del acceso igualitario de mujeres y hombres a posiciones de poder, asegure condiciones libres de discriminación y violencia para el ejercicio de los derechos políticos.

MAS-IPSP
Sociedad inclusiva. A pesar de los avances que en la última década experimentaron las mujeres, que son la mitad de la fuerza social de nuestro desarrollo, ellas aún enfrentan obstáculos para lograr una plena participación en la sociedad. No solo debemos continuar con las políticas de lucha contra la violencia, se deben generar condiciones para su ingreso pleno en el mundo laboral. Muchas veces las mujeres deben tomar una difícil decisión y elegir entre realizar las tareas de cuidado en el hogar y desarrollarse profesionalmente. Las problemáticas relacionadas con este grupo son diversas: la salud sexual y reproductiva, el mercado laboral, la economía del cuidado, entre otras, lo que indica su importancia transversal en las políticas públicas.

En cuanto a las oportunidades económicas y empleo digno: mayor empleo y mejores ingresos, se debe buscar, de manera concomitante, la equidad entre trabajadores y trabajadoras. No se debe dejar de lado el empoderamiento económico de las mujeres: estas recibirán incentivos para ampliar su incorporación al mundo laboral y entrarán en esquemas de protección social en los cuales se conciliarán las responsabilidades familiares con las actividades económicas. La liberación de las mujeres de la doble carga laboral puede lograrse a través de la promoción de la corresponsabilidad en las tareas del cuidado, guarderías y otros servicios de apoyo a las jefas de familia en hogares monoparentales.

En cuanto a la seguridad: hoy en día nos encontramos aquejados por crecientes actos de violencia contra la mujer, que en muchos casos se traducen en altos niveles de feminicidio, es por eso que declaramos enfáticamente como prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.  

UCS
Se flexibilizará y se simplificará el acceso a armas para defensa personal, familiar y de la propiedad privada para disuadir cualquier amenaza criminal y reducir la violencia, sobre todo hacia las mujeres.

FPV
XXV MUJER

La mujer como ser humano, como madre, esposa, compañera, hermana, hija, amiga o simplemente una persona que habita en este mundo, merece el respeto de una persona que se precie de venir a esta vida de una mujer que es nuestra madre. Orden: como gobierno nacional hará respetar en los diferentes niveles de la vida nacional a todas las mujeres sin distinción de raza, de condición económica, religión o de cualquier situación en que se encuentre, y de ser necesario se dictarán disposiciones para que se la proteja. 

PAN-BOL
PAN-BOL plantea una sociedad boliviana libre, justa, solidaria y democrática, integrada por la diversidad étnico-cultural de sus pueblos y el mestizaje, donde se asegura el desarrollo individual y colectivo de los hombres y mujeres que habitan y construyen el porvenir de la patria.

MTS
Mediante una ley, permitir que cualquier ciudadano más cercano pueda intervenir en el momento que se cometa cualquier tipo de delincuencia o delito;  por ejemplo, violencia contra la mujer o los niños, asaltos, robos, daños ambientales, corrupciones, etc., con fines de evitar y luego avisar o denunciar a la organización territorial a la que pertenece. 

CC
Una agenda estratégica para la igualdad de la mujer.  
 Una sociedad con ciudadanía igualitaria entre mujeres y hombres solo se logrará con una agenda estratégica de aceleración en diferentes ámbitos de transformación: autonomía económica para generar y disponer de ingresos y recursos propios; autonomía en las decisiones sexuales y para vivir libres de violencia; autonomía política para avanzar de manera integral en el empoderamiento de mujeres en la política, la sociedad civil, las empresas y todos los espacios de decisión de nuestra sociedad.

21F
Mujeres empoderadas, libres del flagelo de la violencia.   

En Bolivia son evidentes los progresos en cuanto a la inclusión política de la mujer, además de ciertos cambios legales que amplían los derechos de las mujeres. No obstante, poco ha cambiado el panorama de desigualdades económicas, sociales y culturales en las relaciones de género. La mujer no ha dejado de ser una parte vulnerable de la sociedad, que confronta serios problemas laborales, de seguridad económica, sanidad, educación, violencia doméstica y otros. El déficit de políticas y programas de equidad de género es aún considerable, y las mujeres son susceptibles de ser víctimas de la instrumentalización simbólica y política, mientras que se reproducen hábitos machistas y patriarcales en el ejercicio del poder. Esta realidad dramática nos compromete a priorizar la lucha contra el flagelo de la violencia machista, promover el  empoderamiento de la mujer en las organizaciones de la sociedad civil (sindicales, gremiales,  empresariales y otras), apoyar la autonomía personal de las mujeres para facilitar la inserción  laboral y el desarrollo de actividades de negocio por cuenta propia; incentivar los emprendimientos económicos de las mujeres, la capacitación de las productoras y el fortalecimiento de sus organizaciones, y facilitar el acceso de las mujeres, en condiciones de  igualdad, a los recursos naturales, la propiedad agraria, el crédito, la tecnología y el mercado laboral.