Una política de transparencia y lucha contra la corrupción

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En el nivel estatal hay más de 300 unidades que combaten este delito a fin de que no afecte la institucionalidad.

 

Roberto Medina

Uno de los pilares del gobierno del presidente Evo Morales es la transparencia y la lucha contra la corrupción, ya que se cuenta con instrumentos preventivos y punitivos que componen la política integral del Estado.

Entre los principales aciertos se destaca el Sistema de Prevención, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Sitpreco), instrumento que se aplica conforme a la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, además del “Compendio de diseño e implementación de la política/plan municipal de transparencia y lucha contra la corrupción”, documento que permite obtener resultados favorables y medibles en esta materia.

La política de lucha contra la corrupción en Bolivia, de forma seria e institucionalizada, se inició en 2006 con las reformas normativas, la creación de instituciones, la elaboración de políticas públicas y espacios de interacción entre ciudadanía y gobierno.

Control social

Estas medidas garantizan también el control social y la rendición de cuentas en el marco del derecho de acceso a la información pública y promoción de ética de los funcionarios públicos.

Como un ejemplo de la transparencia en el manejo de los recursos estatales y la lucha contra la corrupción, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera renunciaron a sus secretos bancarios.

Unidades de transparencia

La promulgación de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción responde a la necesidad de erradicar los hechos deshonestos; por ello, en 2017, se crearon más de 300 unidades anticorrupción en todas las oficinas estatales.

La Constitución Política establece que la ética es parte de la administración pública e implica que todas las instituciones del Estado generen cada vez nuevas iniciativas para lograr mayor transparencia y acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Las unidades de transparencia cuentan con autonomía de gestión frente a la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y tienen la responsabilidad de denunciar o requerir información sobre cualquier denuncia de corrupción para procesarla.  Si no cumple con su labor, el Viceministerio de Transparencia está facultado para procesar a la unidad.